
Dos frases que helaron la sangre: a juicio por amenazas a una empleada judicial y a una directora escolar
Policiales06/02/2026
REDACCIÓN
El juez rechazó el sobreseimiento y ordenó juicio oral por amenazas a una empleada judicial y a una directora escolar. El caso mezcla violencia verbal y conflicto previo.


La causa que investiga amenazas y coacciones contra una empleada judicial y una directora de escuela en Trelew dará un paso decisivo hacia el debate público. El juez Fabio Monti resolvió elevar el expediente a juicio oral y público luego de descartar un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa, lo que marca el inicio de una nueva etapa procesal.
La audiencia preliminar se desarrolló el jueves 5 de febrero en la sala de audiencias de la oficina judicial local. Allí se analizaron los hechos atribuidos a Alejandra Jaqueline Williams, imputada por el delito de amenazas simples en concurso real con coacciones. La acusación quedó formalizada tras la evaluación de los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal.
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Según la acusación presentada por la fiscal Silvana Lagarrigue, el primero de los episodios ocurrió el 5 de marzo de 2025 en la sede del Ministerio Público Fiscal de Trelew. En ese contexto, la imputada habría reaccionado ante un pedido de esperar su turno para ser atendida. De acuerdo con el relato fiscal, expresó: “Te voy a meter un tiro en la cabeza”, una frase que dio origen a la intervención judicial.
El segundo hecho se registró al día siguiente, el 6 de marzo de 2025, en la Escuela N° 224. Williams se presentó en la institución para solicitar que un alumno no coincidiera con sus hijos por un conflicto previo. Durante ese intercambio, según la acusación, dirigió amenazas hacia la directora del establecimiento y manifestó: “Si le pasa algo a mi hija vengo y te mato porque yo igual tengo armas o si no voy a buscar a tu familia”.
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El análisis del magistrado se centró en evaluar si existían elementos suficientes para avanzar hacia la instancia de juicio. En ese marco, Monti rechazó el planteo del defensor público Lucas Ocampos, quien solicitaba el sobreseimiento de la imputada. La resolución habilita ahora la realización de un debate oral donde se expondrán las pruebas ante un tribunal.
La decisión judicial también incluyó la admisibilidad de la acusación pública y la definición del formato del juicio. El magistrado dispuso que el proceso se desarrolle ante un tribunal unipersonal, lo que implica que un solo juez será el encargado de escuchar testimonios y dictar sentencia una vez finalizada la etapa probatoria.
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Más allá de los detalles técnicos del expediente, el caso vuelve a poner en discusión situaciones de violencia verbal dirigidas hacia trabajadores de instituciones públicas. Los hechos se sitúan en ámbitos sensibles, como el sistema judicial y el ámbito educativo, donde la seguridad y el respeto en la interacción cotidiana constituyen aspectos centrales.
La etapa que comienza ahora tendrá como objetivo reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante aquellos días de marzo de 2025. Las partes deberán presentar testimonios, pruebas documentales y argumentos que permitan determinar responsabilidades penales. El debate oral también abrirá la instancia pública del proceso, donde se analizará el contexto de cada episodio.
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Desde el punto de vista procesal, la elevación a juicio implica que el juez consideró superada la etapa inicial de análisis y entendió que existen elementos suficientes para que la causa avance. A partir de allí, el tribunal evaluará si las expresiones atribuidas configuran los delitos imputados y qué consecuencias legales corresponden.














