Ganancias reabre una herida histórica en la Patagonia y vuelve a tensar la relación con Nación

Actualidad09/02/2026Sergio BustosSergio Bustos
Gobernadores patagónico
Gobernadores patagónicos.

La discusión por el impuesto a las Ganancias dentro de la reforma laboral no se limita a números ni a una pulseada coyuntural en el Senado. Para los gobernadores patagónicos, el capítulo impositivo vuelve a poner sobre la mesa una historia de concesiones que nunca se restituyeron, y que explica buena parte de la resistencia actual.

En Chubut, ese recuerdo tiene nombre propio. Atilio Viglione, exgobernador de la provincia, cedió en su momento un porcentaje de la coparticipación para asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires en un contexto de emergencia. Aquella cesión fue presentada como transitoria. Nunca se recuperó.

Ese antecedente funciona hoy como una advertencia silenciosa en cada negociación fiscal con la Nación. En los despachos patagónicos recuerdan que cada punto que se resigna cuesta décadas volver a discutirlo, y que los compromisos de compensación rara vez se cumplen en el largo plazo.


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Con ese telón de fondo, el proyecto que impulsa el Ejecutivo nacional encendió alarmas. Si se aprueba tal como está, Neuquén perdería $26.170 millones al año; Río Negro, $38.046 millones; Chubut y Santa Cruz, $23.846 millones cada una; y Tierra del Fuego, $18.596 millones. Son cifras que impactan de lleno en presupuestos ya ajustados.

La sesión del miércoles 11 en el Senado aparece así como algo más que un trámite legislativo. Aunque el oficialismo tiene los votos para la aprobación general, los artículos 190 y 191, que reducen Ganancias a las empresas, se transformaron en el núcleo del conflicto político.

Desde Casa Rosada sostienen que el impacto provincial será acotado y que se compensará con mayor actividad económica y formalización laboral. Hablan de 400 mil trabajadores que pasarían al sistema formal y de un costo del 0,15% para las provincias. En la Patagonia, esas proyecciones no alcanzan para disipar la desconfianza.


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“El problema no es la reforma laboral, es Ganancias”, sintetizó un funcionario cercano a uno de los gobernadores del sur. La frase resume una posición compartida incluso por mandatarios alineados con el Gobierno: acompañar la agenda general, pero no a cualquier precio.

El encargado de contener ese malestar es Diego Santilli, principal interlocutor del Ejecutivo con las provincias. En enero mantuvo reuniones con Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck e Ignacio Torres, en una ronda de diálogos marcada por apoyos condicionados y reclamos fiscales.

Figueroa dejó un mensaje claro tras su encuentro en Villa La Angostura: “Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”. En clave política, eso implica no resignar recursos estructurales.


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En Chubut, Torres camina una línea similar. Si bien no rompe con el oficialismo, mantiene abierta su posición sobre Ganancias. Las senadoras Elizabeth Terenzi y Andrea Cristina, que responden al gobernador, serán determinantes en la votación artículo por artículo.

La interna del Gobierno también juega su papel. Mientras Santilli representa el ala negociadora, Luis “Toto” Caputo encarna la postura más rígida. El ministro de Economía es reticente a modificar el capítulo impositivo, consciente de que la baja de alícuotas también afecta el equilibrio fiscal nacional, uno de los pilares del plan de Javier Milei.

Por eso, sobre la mesa circulan alternativas: postergar la rebaja hasta 2027, escalonarla, crear mecanismos de compensación o directamente separar Ganancias de la reforma laboral y discutirla en un proyecto tributario específico.


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Nada de eso se resolverá sin tener en cuenta la memoria política de las provincias. Para la Patagonia, y especialmente para Chubut, el antecedente de Viglione no es historia vieja: es la prueba de que ceder recursos a la Nación puede convertirse en una pérdida permanente.

La votación del miércoles no solo definirá una ley. También pondrá a prueba si el Gobierno nacional está dispuesto a reconstruir confianza con provincias que aprendieron, a fuerza de experiencia, que lo que se entrega una vez, casi nunca vuelve.

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