Monteoliva sobre la baja de imputabilidad: “Es una necesidad fundamental para la Argentina”

La ministra Alejandra Monteoliva defendió el proyecto que llega al Congreso en extraordinarias. Habló de reeducación, penas según delito y coordinación para evitar cárceles de adultos.

En la antesala del debate parlamentario de las sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la baja de la edad de imputabilidad. La discusión llega con un argumento central: la necesidad de que el Estado tenga una respuesta específica frente a delitos cometidos por menores. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, salió a respaldar el proyecto y lo definió como “una necesidad fundamental para la Argentina”.

La funcionaria enmarcó la iniciativa como una herramienta para ordenar criterios de intervención ante hechos delictivos protagonizados por adolescentes. En radio, sostuvo que “el proyecto va a permitir abordar los delitos cometidos por los menores y la respuesta del Estado”. Y sumó un dato comparativo para justificar el impulso: “En América Latina somos de los países con la edad de imputabilidad más alta”.

OTRAS NOTICIAS:

La feria que viste al barrio y paga un viaje soñado para chicos de Madryn

Más allá del número que se discuta, Monteoliva insistió con una línea que busca diferenciar la propuesta de un giro meramente punitivo. Dijo que “el proyecto toma en serio este tema por primera vez” y que “busca promover la reeducación de estos menores”. En ese mismo tramo, remarcó un límite: “no se trata de ponerlos en lugares en los mismos lugares de detención en los que están los adultos”.

Esa definición abrió otro punto sensible del debate: la infraestructura y el rol de las provincias y jurisdicciones. La ministra explicó que, para evitar el traslado de menores a cárceles comunes, “hay que tener los lugares adecuados”. Y planteó que eso implica “una exigencia en cuanto a la coordinación con todas las jurisdicciones”, un tema que suele tensionar la implementación real de cualquier esquema penal juvenil.

OTRAS NOTICIAS:

Se realizó la Kintün Folil en Sierra Colorada, una fiesta que invita a buscar raíces

En su defensa del proyecto, Monteoliva también apeló al mapa regional para mostrar que Argentina se ubica por encima de otros países en el umbral de imputabilidad. Afirmó: “En America del Sur la mayoría de los países tienen la edad de imputabilidad entre los 13 y los 14 años”. La comparación funciona como respaldo político, pero también instala una pregunta práctica: con qué sistema se acompaña ese cambio.

La ministra puso el foco, además, en el vínculo entre delito juvenil y crimen organizado. Definió a los menores como “el combustible que tienen las organizaciones criminales para funcionar”. Desde esa mirada, sostuvo que el Estado debe actuar para inhibir “el reclutamiento ante la certeza de habrá una sanción”, con el objetivo de cortar incentivos para que bandas utilicen a adolescentes en su estructura.

OTRAS NOTICIAS:

El optimismo de Bill Gates ahora trae “notas al pie” y una cifra que inquieta en 2026

Otro eje que buscó instalar es la diferenciación entre tipos de delitos y respuestas posibles. Monteoliva advirtió que “no es lo mismo matar o violar que un robo de una bicicleta”. En esa línea, explicó que el proyecto contempla “otras penas alternativas según el tipo de delito”, un punto que abre una discusión sobre escalas, gradualidad y criterios de aplicación.

El anuncio, en términos políticos, se apoya en una doble promesa: intervenir antes y hacerlo de manera distinta. La ministra intentó despegar la iniciativa de una salida de encierro indiscriminado, al insistir con circuitos separados y una lógica de reeducación. Al mismo tiempo, colocó el debate en clave de seguridad y crimen organizado, un enfoque que suele ordenar el discurso oficial en esta agenda.

OTRAS NOTICIAS:

Cuando el abdomen se infla y duele, cinco ejercicios simples pueden destrabar el malestar

Con el tema en agenda legislativa, el Congreso queda como escenario de una disputa que mezcla urgencia, gestión y diseño institucional. La discusión no solo gira alrededor de la edad, sino sobre qué herramientas tendrá el Estado, qué recursos se asignarán y cómo se coordinará con las provincias. En esa tensión, el oficialismo busca convertir el proyecto en una señal de rumbo y en una respuesta concreta frente a delitos cometidos por menores.

Fuente: NA.