Violencia de género y riesgo extremo: la Justicia analiza detener al ex de Romina Gaetani

En las causas por violencia de género, la pregunta central ya no es solo qué ocurrió, sino qué puede volver a ocurrir. En ese marco, la Justicia de Pilar analiza una medida de máxima gravedad vinculada al caso de Romina Gaetani. La evaluación del riesgo para la víctima se convirtió en el eje del expediente. Y a partir de esa lectura, la fiscalía avanzó con un pedido concreto.

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, solicitó la detención del empresario Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz. El planteo se apoya en la existencia de pruebas reunidas en una causa por lesiones leves agravadas. Para la funcionaria, el proceso judicial no puede desligarse de la protección inmediata de la víctima.

En el fallo al que accedió el medio, Basiglio sostuvo que “se han acreditado elementos que configuran riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”. Según la fiscal, mantener al imputado en libertad podría derivar en nuevos episodios de violencia o en la obstrucción de la investigación. La decisión final quedó ahora en manos del Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone.

El expediente reconstruye un episodio ocurrido en el lote 60 del Tortugas Country Club, donde, tras una discusión motivada por celos, Cavanagh habría agredido físicamente a Gaetani. De acuerdo con la acusación, el empresario la arrojó al suelo, la inmovilizó y la trasladó fuera de la vivienda, donde finalmente la abandonó. El conflicto se habría iniciado luego de que él revisara el teléfono celular de la actriz.

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La intervención policial se produjo a partir de un llamado al 911 por un conflicto familiar. Personal de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar y encontró a Gaetani descompensada y con dolores físicos. Una ambulancia la trasladó al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica. Ese primer registro fue clave para el avance de la causa.

El informe médico constató escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera derecha, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha. A esas constancias se sumaron registros de cámaras de seguridad del country. En las imágenes se observa a la víctima acercándose dos veces al domicilio y, en la segunda ocasión, la llegada del personal policial y sanitario.

La investigación no se limitó al hecho puntual. La Unidad Fiscal incorporó declaraciones de allegados y testigos, junto con placas fotográficas de las lesiones. También se ordenó una pericia psicológica a través del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), cuyo informe aportó un marco más amplio sobre la relación.

Las profesionales intervinientes señalaron que Gaetani describió un vínculo que comenzó de manera positiva, pero que luego se vio atravesado por control y celos. Según su testimonio, en al menos tres ocasiones encontró a Cavanagh revisando su celular, lo que le generó sensación de vigilancia. El informe identificó indicadores de violencia psicológica preponderante, con presencia de maltrato sexual asociado, restricciones en redes de apoyo y asimetría de poder.

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Otro punto que agravó la evaluación de riesgo fue la cuestión de las armas. Durante la investigación, la fiscalía tomó conocimiento de que el imputado sería usuario de armas de fuego. El registro del RENAR confirmó que Cavanagh tenía una Credencial de Legítimo Usuario vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 mm.

En el allanamiento realizado en su domicilio se hallaron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma. Sin embargo, no se encontró la pistola registrada a su nombre. Para la fiscalía, la ausencia del arma y la falta de colaboración del imputado constituyen indicios de posible obstaculización del proceso.

El expediente remarca que la víctima manifestó temor ante ese faltante. La combinación entre antecedentes de violencia, evaluación psicológica, lesiones constatadas y la incertidumbre sobre el paradero del arma llevó a la fiscal a considerar que el riesgo no es hipotético. Por eso pidió el arresto por el delito de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja, en un contexto de violencia de género”.

Mientras el juzgado define si hace lugar al pedido, el caso vuelve a poner en primer plano el criterio de prevención en este tipo de causas. La discusión ya no se limita a probar un hecho pasado, sino a evitar uno futuro. En ese delicado equilibrio entre garantías y protección, la Justicia de Pilar tiene ahora la palabra.