Inocencia fiscal: Los “dólares del colchón” vuelven al centro y el nuevo régimen abre una pregunta incómoda

En Argentina, el ahorro fuera del sistema financiero dejó de ser una rareza para convertirse en un hábito extendido. Los llamados “dólares del colchón” aparecen como refugio frente a crisis, cepos e inflación, pero también como un problema para quienes buscan formalizar sin quedar atrapados en inspecciones eternas. En ese escenario, el Gobierno reglamentó el régimen de “inocencia fiscal”, un esquema que intenta cambiar la relación entre contribuyente y Estado. La propuesta despertó apoyo, pero también dudas concretas.

El nuevo régimen está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en Ganancias. La principal novedad es una declaración jurada simplificada, con menos exigencias de información patrimonial y un efecto liberatorio si se cumple en tiempo y forma. La idea oficial apunta a incentivar que parte de esos ahorros guardados vuelvan al circuito formal. Pero los especialistas coinciden en que el resultado dependerá de la implementación real.

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, puso el foco en el origen social del fenómeno. “Fueron los propios gobiernos los que obligaron a negrear los ahorros a la gente”, afirmó, aludiendo a años de restricciones cambiarias. Según su mirada, muchos sectores medios no tenían acceso a comprar divisas de manera regular y buscaron refugio donde pudieron. En ese marco, sostuvo: “Hay que dejarle a la gente volver a tener disponibles sus ahorros”.

Abram también remarcó un efecto macroeconómico: cuando el ahorro queda fuera del sistema, se reduce el consumo y la inversión. “Guardar en un cajoncito… afectaban negativamente el nivel de actividad”, explicó, y planteó que el regreso de esos dólares al mercado doméstico podría tener un impacto positivo. Su argumento conecta la medida con la economía real, más allá de lo tributario. Sin embargo, no todos ven el camino tan despejado.

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Diego Fraga, socio de Expansion Business, consideró que el espíritu general apunta a reconstruir confianza. “Es un intento de reconstruir confianza y sacar al contribuyente común de la lógica de ‘sospechoso permanente’”, señaló. Pero advirtió que “esto no es magia” y que todo dependerá de la letra chica y de cómo actúe ARCA en la práctica. Para Fraga, hay incentivo fuerte, aunque condicionado.

El abogado explicó que el esquema funciona con presunción de exactitud si se paga en término, salvo que ARCA detecte una “discrepancia significativa”. También destacó un cambio profundo en lo penal. “Muchos conflictos se puedan cerrar con plata”, dijo, al describir la posibilidad de extinguir causas pagando deuda y penalidad adicional. Esa lógica, menos punitiva, marca un giro administrativo que genera debate entre tributaristas.

César Litvin fue más directo al comparar el régimen con un blanqueo. “Si bien no tiene la denominación de blanqueo, tiene los mismos efectos de blanqueo”, afirmó, aunque planteó inquietudes. Subrayó que los beneficios no son universales: “Son solo para aquellos que se adhieran al régimen simplificado de ganancias. No es para todos”. Y advirtió que quienes sigan en monotributo no deberían usar esos dólares “sin consecuencias”.

Litvin detalló requisitos de acceso: ingresos que no superen mil millones de pesos anuales y patrimonio inferior a diez mil millones, tomando los últimos tres años. También resaltó que la declaración será casi prearmada y sin obligación de informar patrimonio o consumo. “Tiene dólares del colchón, lo puede usar… tiene un bloqueo fiscal hacia atrás, o sea, una tabula rasa hacia atrás”, explicó, insistiendo en que solo aplica para adheridos. Para muchos, la promesa de “tabula rasa” resulta el punto más atractivo.

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Otra modificación relevante es la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años. Litvin lo celebró como una mejora de seguridad jurídica. “La reducción a tres años le da más seguridad jurídica al contribuyente”, sostuvo, porque a los cinco años solían aparecer reclamos difíciles de reconstruir. El cambio busca limitar inspecciones sobre períodos demasiado lejanos.

Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, coincidió en que se pide menos información, pero alertó sobre la trazabilidad. “Muchos contribuyentes van a seguir haciendo la declaración tradicional… porque es una manera de determinar cuánto dinero en efectivo tienen justificado”, advirtió. También planteó un punto político: la continuidad del régimen dependerá del gobierno de turno. “Si cambia el signo político, pueden derogar todo y volver al esquema anterior”, señaló.

Florencia Fernández Sabella aportó una mirada más crítica sobre el alcance real. “Esto enfoca problemas que no son de la gente a pie”, dijo, porque muchos argentinos son monotributistas o empleados que ni presentan Ganancias. También alertó sobre el aumento de multas automáticas: pasaron “de doscientos pesos… a más de cuatrocientos mil pesos”, lo que puede ser desproporcionado para pymes con obligaciones similares a grandes empresas. Su advertencia apunta a que la simplificación convive con sanciones más duras.

La especialista también cuestionó la lógica penal: “Parecería que ahora todos los problemas de evasión se resuelven con guita”, subrayó, marcando una desigualdad entre quienes pueden pagar y quienes no. Además, advirtió sobre riesgos de exclusión por facturas apócrifas sin umbral mínimo. “En una operación… de diez mil pesos, que se te caiga todo por diez mil pesos… no tiene mucho sentido”, reclamó, señalando abusos previos en bases de datos fiscales.

El régimen de inocencia fiscal aparece así como un intento de ordenar un fenómeno extendido: ahorros fuera del sistema, desconfianza histórica y controles complejos. Promete alivio y formalización, pero también deja preguntas abiertas sobre bancos, UIF, provincias y la práctica diaria de ARCA. Para quienes guardan dólares fuera del circuito, el dilema sigue vigente: aprovechar la oportunidad o esperar a ver cómo se aplica en la realidad.