El Gobierno reactivó la compra de submarinos a un astillero francés con antecedentes polémicos

La gestión de Javier Milei avanzó en la adquisición de tres submarinos y lanchas OPV por unos 2.000 millones de dólares a Naval Group, una firma señalada en investigaciones internacionales por corrupción.

El Gobierno nacional volvió a poner en marcha una operación de alto impacto económico y estratégico al reactivar la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV a la empresa francesa Naval Group. El monto total de la operación ronda los u$s2.000 millones, en un contexto marcado por restricciones fiscales y con la fuerza submarina argentina fuera de servicio desde hace más de ocho años.

La decisión fue ratificada por el presidente Javier Milei tras un entendimiento alcanzado con su par francés Emmanuel Macron, según trascendió en declaraciones ante la prensa internacional. El acuerdo retoma negociaciones iniciadas a fines de 2024, que habían quedado en suspenso por la fragilidad financiera de la Argentina y la falta de definiciones presupuestarias.

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El relanzamiento del proyecto se produce pese a que la Armada Argentina no cuenta con submarinos operativos desde el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017. Desde entonces, distintos planes de reequipamiento quedaron truncos, mientras se acumularon diagnósticos sobre la pérdida de capacidades estratégicas en el Atlántico Sur.

La empresa seleccionada, Naval Group, anteriormente conocida como DCNS, posee capitales privados con participación mayoritaria del Estado francés. Sin embargo, su trayectoria internacional está atravesada por denuncias judiciales y reportes académicos vinculados al pago de sobornos en operaciones de venta de armamento desde la década de 1990.

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En 2017, el astillero encabezó el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en un informe realizado para la World Peace Foundation. El estudio señaló prácticas sistemáticas de pago de comisiones ilegales en contratos internacionales durante varios años.

Uno de los antecedentes más antiguos se remonta a 1994, cuando DCNS vendió tres submarinos a Pakistán. Investigaciones judiciales en Francia indicaron que la empresa habría pagado 51 millones de euros en sobornos a funcionarios políticos, parte de los cuales se habrían canalizado hacia la campaña presidencial de Édouard Balladur en 1995. Hasta 1999, ese tipo de pagos era legal en Francia y deducible de impuestos.

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El periodista especializado Jean Guisnel documentó que entre 1991 y 2002 la empresa destinó entre el 8% y el 10% del valor de sus ventas a los denominados “gastos comerciales excepcionales”, un mecanismo utilizado para el pago de comisiones ilegales. En un allanamiento judicial realizado en 2008, se secuestró un cuaderno de un exdirector financiero que detallaba esos esquemas.

En el siglo XXI, uno de los casos más resonantes involucró la venta de submarinos a Malasia en 2002. En 2024, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia solicitó llevar a juicio a Thales, DCNI, exejecutivos y un intermediario por presuntos sobornos al entonces ministro de Defensa Najib Razak, mediante el uso de empresas fantasma y contratos de consultoría simulados.

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La firma también quedó bajo la lupa en el marco del escándalo Lava Jato en Brasil, donde fiscales franceses investigaron si Naval Group pagó sobornos para asegurar un contrato de cinco submarinos valuado en u$s7.500 millones, firmado en 2008. La causa se inscribió en el esquema de corrupción de funcionarios extranjeros que sacudió a la región.

En el plano local, la operatoria mantiene vínculos con decisiones adoptadas durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. En ese período se avanzó en contrataciones directas para la compra de lanchas OPV, algunas de ellas observadas por la Auditoría General de la Nación.