Vacantes récord en la Justicia: la Corte pide definiciones antes de marzo

Actualidad09/02/2026

Corte Suprema de Justicia de la nación Argentina

La Corte Suprema vuelve a reunirse tras el receso y pone el foco en los cargos sin cubrir, que podrían rozar el 42% este año. También impulsa que se aceleren los juicios por corrupción. El Gobierno promete mover pliegos en marzo.

La reactivación de la Corte Suprema después del verano trae una preocupación que, puertas adentro, ya se mide en porcentajes y se traduce en gestión política. El máximo tribunal coloca en el centro las vacantes del Poder Judicial y busca que el Gobierno acelere decisiones que, según sus proyecciones, pueden dejar sin cubrir una parte muy grande de los cargos. En paralelo, la Corte mira el ritmo de las causas de corrupción y prepara un mensaje a los tribunales inferiores para que empujen los expedientes con mayor velocidad.

El problema que domina la agenda no está en un fallo puntual, sino en la capacidad del sistema para funcionar con normalidad. Según estimaciones que circulan en la propia Corte, las vacantes podrían llegar al 42% en 2026, un número que tensiona juzgados y tribunales en distintas jurisdicciones. En ese escenario, los jueces dicen creerle al Gobierno cuando afirma que en marzo empezará a cubrir cargos, y esperan que el Senado acelere el trámite de designaciones.

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Mientras empuja esa negociación, la Corte también lidia con su propia integración, reducida a tres miembros. Hoy la conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, una combinación que exige unanimidad para dictar sentencias. Cuando aparece una disidencia, el mecanismo obliga a sortear conjueces entre presidentes de cámaras federales del país para alcanzar un mínimo de tres firmas, un dato que condiciona la dinámica del tribunal y agrega complejidad operativa.

El calendario inmediato suma una señal política: esta semana se realiza la primera reunión de ministros del año, con el regreso de Rosenkrantz tras un viaje al exterior. Con ese reinicio formal, el tribunal busca fijar prioridades y enviar mensajes al resto del Poder Judicial. En esa hoja de ruta, las vacantes aparecen como urgencia y, al mismo tiempo, como punto de diálogo con el Ejecutivo.

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Ese diálogo, según el artículo, atraviesa un momento de mejor clima institucional. A los contactos habituales con el viceministro Sebastián Amerio se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conversación que incluso se describe como “ida y vuelta por WhatsApp”. En ese marco, se menciona que el funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuesto del Poder Judicial, con $28.973.850.716 en bienes de uso dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura.

El trasfondo político no es menor porque el Gobierno viene de un intento fallido para completar la Corte. El año pasado, la estrategia para designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla no prosperó, y esa experiencia empuja una postura más cautelosa. “No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno, según se cita en la nota, mientras se habla de marzo como el mes elegido para enviar pliegos al Senado.

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El paquete de negociaciones, además, no se limita a dos sillones en la Corte. En la lista de cargos que el Gobierno tiene para discutir aparecen también el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación y el Defensor del Pueblo, un conjunto que amplía la mesa y multiplica intereses. En ese tablero, las designaciones pendientes desde hace dos años se vuelven herramientas para negociar con gobernadores y senadores, en un Congreso donde los alineamientos muestran fisuras.

En la crónica se plantea que el Ejecutivo busca votos con senadores que responden a gobernadores radicales o del peronismo, mientras se describe un escenario en el que el poder interno del kirchnerismo en la Cámara alta pierde capacidad de veto. También se menciona que el Presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, y que Adorni negó públicamente un diálogo con enviados de la expresidenta. Aun así, la nota recuerda que existió intercambio en el pasado y que se cortó después de la condena de Cristina Kirchner y tras la difusión de charlas con Juan Martín Mena y el asesor Santiago Caputo.

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El segundo eje que la Corte pretende empujar este año tiene nombre propio: corrupción y tiempos judiciales. El artículo marca que Rosatti y Lorenzetti no ocultan preocupación por el avance de expedientes como el de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada, y por la demora en juicios pendientes. Rosenkrantz, siempre según el texto, indicó que el impulso de esas causas no depende de la Corte sino de los tribunales donde tramitan, aunque admitió inquietud por las vacantes que traban el funcionamiento.

En ese mapa aparecen también definiciones que todavía esperan fecha o integración completa de tribunales. Se menciona el remate de bienes por la condena en la causa Vialidad y los dos juicios pendientes: el del Memorándum con Irán, más cerca de fijar inicio, y el de Hotesur y Los Sauces por lavado, donde el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó y sus colegas aceptaron la decisión, lo que obliga a sortear un reemplazo y demora el arranque. A la vez, la agenda de 2026 incluye el estudio de otro caso de signo político contrario que podría reabrir un expediente de lavado con impacto en Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

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En paralelo a las vacantes y las causas, el artículo describe una interna que roza el área Justicia y el Consejo de la Magistratura. Se menciona la continuidad en discusión del ministro Mariano Cúneo Libarona y del viceministro Amerio, respaldado por Santiago Caputo, con una puja donde también aparece Karina Milei. Con elecciones de consejeros abogados hacia fin de año, la composición del Consejo podría moverse y cambiar el equilibrio interno, en un organismo clave para designar y remover magistrados, un dato que explica por qué marzo aparece como punto de partida, pero no como cierre del tema.

Fuente: LA NACION.