Reasignan $300 millones para un estudio urgente y buscan evitar nuevos riesgos en Comodoro

La Provincia destinará fondos no ejecutados desde 2024 para un estudio de suelos en la ladera del Cerro Hermitte, mientras acelera obras y pide una norma que frene urbanizaciones peligrosas.

La Provincia definió una reorientación de fondos para actuar con rapidez en la zona del Cerro Hermitte, tras el derrumbe que afectó a cientos de familias en Comodoro Rivadavia. El gobernador Ignacio Torres confirmó que se reasignará una partida provincial de $300 millones que figuraba habilitada desde 2024 para el Municipio, pero no se ejecutó. El destino será un estudio de ingeniería que permita diseñar un plan de acción para la estabilización del barrio Médanos, ubicado sobre otra ladera del mismo cerro.

El anuncio se enmarca en una estrategia que combina asistencia a damnificados y decisiones preventivas para reducir el riesgo de nuevos desmoronamientos. Torres sostuvo que “se va a reasignar, de manera inmediata, una partida de $300 millones habilitada a la Municipalidad en 2024 y que nunca se ejecutó, para realizar un estudio de suelos de manera urgente en el barrio Médanos”. En la misma intervención, vinculó la medida con la necesidad de anticiparse a futuros escenarios de inestabilidad del macizo.

OTRAS NOTICIAS:

El relevamiento local de precios midió 3,1% de inflación en enero y volvió a anticipar el dato oficial

El estudio estará a cargo de IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) y apuntará a definir opciones de estabilización preventiva con respaldo técnico. El trabajo incluirá caracterización geológica y geotécnica, análisis de estabilidad de laderas, evaluación del comportamiento hídrico y modelado de escenarios de inestabilidad, según lo informado. La Provincia plantea urgencia por el efecto que puede tener la temporada de lluvias sobre el terreno, con infiltración y pérdida adicional de estabilidad en una zona que ya exhibe fragilidad.

En paralelo, el gobernador pidió que la discusión técnica se transforme en reglas claras para el crecimiento urbano. Torres reclamó que el Concejo Deliberante avance con una ordenanza que prohíba construir en sectores de alto riesgo y fue explícito al pedir que se impida “cualquier tipo de urbanización” en esas áreas. El mensaje buscó cortar la posibilidad de que vuelvan a repetirse asentamientos en zonas donde informes previos ya advertían sobre peligrosidad.

OTRAS NOTICIAS:

Trelew celebró los 50 años de sus Bomberos Voluntarios con respaldo institucional

En ese punto, el mandatario vinculó la tragedia con decisiones públicas tomadas en el pasado y mencionó los antecedentes técnicos que ya marcaban restricciones. Recordó un informe del SEGEMAR y afirmó que “no puede volver a ocurrir lo que sucedió en el pasado, donde no solamente se permitió construir en este barrio sin tener en cuenta informes como el que elaboró el SEGEMAR en 2002”. En su lectura, el nuevo marco normativo debe evitar que la expansión urbana avance sobre laderas con riesgo de derrumbe.

La asistencia inmediata también aparece en el frente habitacional, con la construcción de 52 viviendas para familias damnificadas por el derrumbe del cerro. Torres recorrió el sector donde se realizará el loteo y visitó las instalaciones de Bahía Blanca Viviendas SRL, la empresa encargada de la obra financiada con fondos provinciales. Según lo informado, la inversión provincial supera los $5.500 millones, con el objetivo de reubicar a los afectados en un entorno seguro.

OTRAS NOTICIAS:

El dólar bajó a mínimos de casi tres meses y el riesgo país volvió a rondar los 500 puntos

El gobernador pidió velocidad en la ejecución para reducir tiempos de espera y reordenar la vida cotidiana de quienes perdieron su casa. “Pedimos la mayor celeridad posible en los trabajos para que, cuanto antes, los damnificados puedan contar con su vivienda”, expresó durante la recorrida. En el mismo sentido, propuso crear una comisión de seguimiento para monitorear subsidios, créditos y necesidades asociadas al proceso de reconstrucción.

En el paquete de medidas aparece también la infraestructura básica para el nuevo sector urbanizado, con un aporte provincial dirigido a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). La Provincia realizó un aporte no reintegrable de $659.581.734,52 para obras de agua, cloacas, energía y alumbrado público vinculadas al área donde se levantarán las 52 viviendas. El objetivo operativo es que la relocalización no quede atada a obras incompletas y que las familias accedan a servicios desde el inicio.

OTRAS NOTICIAS:

Morosidad: Las cuotas se acumulan, los bancos endurecen el crédito y la economía siente el golpe

Torres insistió en que el esfuerzo económico debe tener control y rendición de cuentas, con responsabilidades diferenciadas entre Provincia y Municipio. “La Provincia, y en primer lugar todos los contribuyentes, están haciendo un esfuerzo enorme para la construcción de estas 52 viviendas, pero la responsabilidad de rendir cuentas, relevar las necesidades de los afectados y determinar qué casos no pueden volver al lugar original por la peligrosidad del terreno es del Municipio”, sostuvo. En esa línea, reclamó transparencia, compromiso y trazabilidad para que el proceso no repita errores de planificación urbana.

El enfoque preventivo vuelve a quedar en el centro con el estudio para barrio Médanos, porque la intervención no se limita a reparar daños ya ocurridos. La Provincia busca contar con resultados técnicos para decidir alternativas, medir viabilidad y establecer prioridades antes de que el clima agregue presión al terreno. La discusión de fondo, en definitiva, combina ingeniería, ordenamiento urbano y control del gasto público en un escenario donde el riesgo geológico condiciona cada decisión.