Un sargento argentino cayó en la frontera con munición de guerra rumbo a Chile

El cruce internacional entre Argentina y Chile volvió a quedar en el centro de una causa sensible. Esta vez no se trató de mercadería ilegal común ni de documentación irregular, sino de munición de uso militar trasladada por un integrante en actividad del Ejército argentino.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el complejo fronterizo Paso Los Libertadores, cuando personal de Aduanas realizaba controles de rutina sobre vehículos que ingresaban a Chile. Cerca de las 7.30, un perro adiestrado marcó una anomalía en el maletero de un automóvil particular.

Al revisar el vehículo, los funcionarios encontraron una caja metálica verde, con una inscripción que llamó de inmediato la atención: “100 cartuchos calibre 12.7 mm, eslabonados 4M8 1M20 LCT300-83”. El hallazgo activó los protocolos de seguridad y dio inicio a un procedimiento especial.

Dentro de la caja no había munición convencional. En su interior se encontraron dos proyectiles de mortero de uso militar, un tipo de armamento considerado material bélico y de circulación estrictamente controlada.

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El conductor del vehículo fue identificado como C.D.M., un sargento en actividad del Ejército argentino, de 39 años. Consultado por las autoridades sobre el traslado del armamento, el uniformado respondió que no recordaba llevar ese material en su automóvil.

La situación derivó en su detención inmediata. La evidencia fue levantada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, que quedó a cargo de los peritajes técnicos correspondientes para determinar el origen y estado de los proyectiles.

Según la valuación oficial, los dos morteros incautados fueron tasados en 272.000 pesos chilenos, equivalentes a unos 318 dólares. Más allá del monto, las autoridades remarcaron la peligrosidad del material y la gravedad del intento de cruce.

Este lunes, el suboficial fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Los Andes, a unos 80 kilómetros al norte de Santiago. La Justicia chilena lo imputó por contrabando de material bélico y tenencia ilegal de explosivos.

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Si bien el tribunal resolvió otorgarle la libertad, impuso como medida cautelar la firma mensual y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación, durante el cual se intentará establecer responsabilidades y posibles vínculos adicionales.

El Ejército argentino aun no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre el episodio. El Ministerio Público chileno continúa con las diligencias, mientras el caso abre interrogantes sobre controles internos y el destino final que podía tener el armamento incautado.