Grillo se presentó como querellante y pidió investigar responsabilidades jerárquicas

El fotógrafo impulsa la causa para que se avance sobre la cadena de mando de la Gendarmería y el rol de la conducción política del operativo frente al Congreso.

El fotógrafo Pablo Grillo se presentó formalmente como querellante en la causa judicial que investiga el disparo que lo hirió durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional. La decisión busca ampliar el alcance de la investigación y profundizar en las responsabilidades que exceden al autor material del disparo. El planteo fue impulsado por sus abogadas mientras Grillo continúa internado en rehabilitación.

La presentación apunta de manera central a que la Justicia avance sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional que intervino en el operativo. Según la defensa, el accionar del efectivo que disparó no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de un dispositivo de seguridad con supervisión jerárquica y conducción política.

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Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y representante legal de Grillo, explicó que la querella insiste en ampliar la investigación hacia los niveles de control y supervisión. Además, confirmó que solicitaron que se investigue el accionar de la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich.

Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el gendarme Héctor Guerrero durante la protesta. Ese disparo, según consta en la causa, se produjo en un contexto de uso de la fuerza que la defensa considera ilegal. La autoría material ya fue identificada, pero la querella sostiene que existen responsabilidades adicionales.

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Lloret remarcó que el gendarme no actuó sin control durante el operativo. “Estamos insistiendo en la necesidad de investigar a la cadena de mando. Guerrero estaba rodeado de personas, de gendarmes con cargos de jefe y funciones precisas de supervisión sobre lo que hacían los distintos gendarmes, en particular los que estaban armados”, señaló. La defensa entiende que hubo omisiones graves por parte de quienes debían supervisar.

En ese sentido, agregó que “no hicieron nada para detenerlo, aunque él disparó repetidas veces, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes, lo cual se terminó de concretar en el caso de Pablo”. Para la querella, esa inacción configura una responsabilidad que debe ser investigada penalmente. El planteo busca que no se limite la causa a un solo imputado.

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La abogada también se refirió a la modalidad del disparo, que ya fue analizada en resoluciones judiciales previas. Indicó que el uso del cartucho de gas lacrimógeno tuvo “carácter prohibido e ilegal”, ya que fue efectuado “en ángulo horizontal y directo hacia los manifestantes”. Ese tipo de disparo contraviene los protocolos vigentes para el uso de este armamento.

Según la defensa, la combinación entre el tipo de munición utilizada, la forma del disparo y el contexto operativo refuerza la necesidad de investigar el diseño general del operativo. No se trata solo de una conducta individual, sino de un esquema de actuación habilitado y sostenido por mandos superiores. Ese enfoque es el que la querella busca consolidar en el expediente.

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Por ese motivo, las abogadas solicitaron a la jueza María Servini que avance sobre “todos los anillos de supervisión y control del accionar de la Gendarmería”. El pedido incluye tanto a los responsables operativos directos como a quienes tuvieron injerencia en la planificación y conducción del despliegue de fuerzas.

Asimismo, la presentación solicita que la investigación se amplíe “en un sentido más amplio del operativo”, lo que implica analizar órdenes, protocolos aplicados y decisiones adoptadas antes y durante la movilización. La querella sostiene que ese análisis resulta indispensable para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Fuente: N A