La TV Pública cambiará de nombre y el Gobierno anticipó un recorte de 500 empleos
Actualidad12/02/2026
Sergio Bustos
El sistema de medios públicos atraviesa una de sus transformaciones más profundas desde su creación. El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública dejará de llamarse así y que avanzará con un recorte significativo de su estructura, en un proceso que impactará de lleno en el empleo y en el perfil de la señal.
El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete y exvocero presidencial, quien explicó que la decisión forma parte de una reestructuración más amplia impulsada por la gestión de Javier Milei. El funcionario sostuvo que el objetivo es reducir al máximo el tamaño del esquema actual y volverlo “más eficiente”.
Dentro de ese plan, el Ejecutivo prevé recortar alrededor de 500 puestos de trabajo, lo que equivale a cerca del 20% del personal total del sistema de medios estatales. La reducción se instrumentará principalmente a través de retiros voluntarios y otros mecanismos administrativos.
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Según detalló Adorni, Radio y Televisión Argentina (RTA) cuenta actualmente con unos 2.400 empleados, de los cuales casi 1.300 trabajan en la TV Pública. Para el Gobierno, esa dotación resulta excesiva en relación con la programación y el alcance actual de la señal.
El cambio de nombre de la TV Pública fue definido por el funcionario como un “cambio simbólico”, que busca marcar un quiebre con la etapa anterior. En ese marco, Adorni afirmó que la intención oficial es “achicarla lo más que se pueda” y no descartó escenarios más extremos. “Existe la posibilidad de cerrarla”, advirtió, aunque reconoció que la privatización está prohibida por ley.
Las declaraciones se inscriben en un contexto institucional definido. La intervención de RTA fue prorrogada hasta el 1º de febrero de 2027 mediante el Decreto 79/2026, lo que extiende el control del Ejecutivo sobre la TV Pública, Radio Nacional y las 50 emisoras que la radio estatal posee en todo el país.
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El ajuste no se limita al personal. En los últimos meses ya se avanzó con recortes de contenidos, que incluyeron la eliminación de noticieros de fin de semana y de programas propios. Desde el Gobierno explican que estas decisiones responden a la necesidad de reducir costos operativos.
Del otro lado, los sindicatos encendieron señales de alerta. SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denunciaron que los salarios permanecen congelados desde agosto de 2024, lo que provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo y dejó a parte de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.
Mientras el Ejecutivo acelera su plan de achique y redefine la identidad de la TV Pública, el conflicto laboral y político promete escalar. El futuro de los medios estatales quedó así atrapado entre la intención oficial de reducir su tamaño y la resistencia de quienes advierten sobre el impacto social de la medida.
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