Intendentes respaldan al gobierno provincial en la causa que investiga presuntas coimas para frenar el inicio de clases

Más de treinta jefes comunales se sumaron a la querella de Torres por supuestas coimas para frenar el ciclo 2026 y exigieron que la pesquisa llegue a fondo.

En la mañana de este viernes, una firma múltiple apareció como gesto político y judicial en Chubut: intendentes de distintas ciudades y comunas resolvieron presentarse como parte en la investigación por presuntas coimas vinculadas a maniobras para impedir el inicio de clases. La decisión quedó plasmada en un comunicado conjunto, con nombres y localidades, y con una línea argumental que mezcla reclamo institucional y advertencia social.

El texto sostiene que los intendentes decidieron sumarse a la querella impulsada por el gobernador Ignacio Torres en una causa que busca determinar si existieron pagos para “generar disturbios” y forzar el no arranque del ciclo lectivo. En ese punto, la adhesión no queda en la consigna: los jefes comunales piden que la investigación no se agote en la denuncia y que avance hacia responsables y motivaciones.

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En el centro del documento aparece un pedido explícito: “hasta las últimas consecuencias”. Y junto con esa frase, otra definición que sube la tensión y apunta a lo que el comunicado considera el trasfondo del conflicto: “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”. La idea, planteada en términos duros, busca instalar que no se trata solo de un episodio aislado, sino de una disputa por poder y recursos.

El comunicado también se apoya en una memoria reciente que atraviesa a familias y escuelas, y coloca ese recuerdo como argumento político. Los intendentes afirman conocer “lo difíciles que fueron los años en los que nuestros chicos no pudieron estar en las aulas”, y desde ahí construyen una advertencia sobre el impacto directo de cualquier intento de frenar el calendario escolar. En esa misma línea, señalan que no aceptarán que un conflicto de intereses vuelva a recaer sobre estudiantes y comunidades.

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El tramo más confrontativo del texto describe a los supuestos beneficiarios de esas prácticas con una acusación sin matices. Los firmantes sostienen que no se puede permitir que “un puñado de ‘empresarios’, que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses, intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes de nuestra provincia”. La frase, por su extensión y peso, funciona como definición política del adversario y como justificación de la estrategia judicial.

La lista de firmas muestra alcance territorial y diversidad de localidades, con intendencias de ciudades grandes y comunas pequeñas. Entre los firmantes figuran Damián Biss (Rawson), Gustavo Sastre (Puerto Madryn), Gerardo Merino (Trelew) y Darío James (Gaiman), además de Matías Taccetta (Esquel), Mariel Peralta (Rada Tilly) y Sebastián Balochi (Sarmiento). También aparecen jefes comunales de la cordillera y la meseta como José Contreras (Epuyén), César Salamin (El Hoyo), Iván Fernández (Lago Puelo), Micaela Bilbao (Lago Blanco), Víctor Candia (Paso del Sapo), Omar González (Cushamen) y Pedro Huisca (Gan Gan), entre otros.

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Más allá del apoyo a la querella, los intendentes dejan un segundo planteo que busca sostener una agenda con Provincia. En el comunicado solicitan que se profundice el trabajo conjunto para defender recursos públicos y avanzar en una “depuración” de prácticas irregulares dentro de sectores estratégicos. Ese pedido convive con el tono de denuncia: propone coordinación institucional, pero al mismo tiempo describe al escenario como atravesado por lógicas que los firmantes asocian a comportamientos mafiosos.

Desde el Ejecutivo provincial, la lectura del pronunciamiento se presenta como señal de unidad frente a posibles maniobras de desestabilización que afecten el derecho a la educación y el funcionamiento institucional. El Gobierno remarca que la provincia atraviesa una etapa de “orden, transparencia y reglas claras”, y que no admitirá retrocesos frente a intereses particulares. En ese marco, el mensaje oficial incorpora un cierre con tono tajante: “No vamos a volver al pasado ni vamos a permitir tampoco que quienes durante años condicionaron a la provincia pretendan hacerlo otra vez. La educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian”.

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La decisión de los intendentes suma presión política a la investigación y agrega volumen institucional a una causa que, por su naturaleza, impacta en el clima previo al inicio del ciclo lectivo. Con el comunicado fechado y firmado, los municipios buscan dejar asentado que la discusión no se limita a un conflicto sectorial, sino que toca un punto sensible: la continuidad escolar y la legitimidad de las reglas de juego. Ahora, el foco se traslada al expediente y a la capacidad de la pesquisa para identificar responsabilidades, motivaciones y eventuales beneficiarios.