Cuatro detenidos por el caso Sur Finanzas y descubren chats que hablan de borrar rastros

Detuvieron a cuatro personas del entorno de Sur Finanzas por presunto lavado y la fiscalía sostiene que intentaron ocultar pruebas. Hubo 14 allanamientos y más medidas.

La investigación por presunto lavado de dinero alrededor de Sur Finanzas sumó en las últimas horas un giro que combina detenciones, allanamientos y mensajes que, según la fiscalía, exponen movimientos para limpiar el escenario antes de que llegaran los procedimientos. El expediente quedó en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que ordenó arrestos sobre personas del entorno más cercano a la firma. En paralelo, la fiscal Cecilia Incardona avanzó con medidas que buscan reconstruir qué se hizo con computadoras, registros y dinero en sucursales.

Los detenidos son cuatro: la secretaria privada del titular, Daniela Eliana Sánchez; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo, César Zapaia; Juan Soler, empleado de la financiera; y el jefe de choferes, Juan Soloaga. Según informó Clarín, todos están vinculados a la empresa perteneciente a Ariel Vallejo. La orden judicial se concretó en el marco de 14 allanamientos, una cifra que muestra un despliegue amplio y coordinado.

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Armella justificó la decisión con un argumento que apunta al rol que habrían tenido los sospechosos dentro de las maniobras investigadas y al contexto económico del grupo. En su evaluación, los acusados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”. Ese punto se conectó con un riesgo procesal que suele ser central en este tipo de causas: la posibilidad de fuga.

La fiscalía sostiene que el peligro no se limitó a una eventual evasión del proceso, sino también a la manipulación de evidencia. Incardona cree que los cuatro detenidos habrían ocultado y eliminado pruebas consideradas relevantes para el expediente. En esa línea, el análisis de teléfonos celulares incautados aportó, según los investigadores, diálogos internos donde se impartían órdenes con objetivos concretos: sacar computadoras y retirar dinero de sucursales.

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En ese paquete de mensajes aparece un episodio con fecha precisa que la investigación coloca como pieza sensible. Según el material citado, Sánchez le ordenó el 1 de diciembre de 2025 a Micaela Sánchez que enviara a una persona para borrar archivos vinculados a imágenes captadas por cámaras de seguridad y para recaudar capital. La fiscalía interpreta esa escena como un intento deliberado de reducir rastros audiovisuales y mover fondos.

Otra línea del expediente se enfoca en las instrucciones previas a los procedimientos. Los investigadores sostienen que Zapaia pidió esconder dispositivos antes de los allanamientos, una acción que, en la lógica judicial, no solo complica el secuestro de elementos, sino que sugiere una conciencia de que esos equipos contenían información comprometida. La figura del “oficial de cumplimiento” suma tensión al caso porque, en teoría, es un puesto asociado al control interno y a la prevención de operaciones sospechosas.

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La causa también cita conversaciones de Soler con Susana Hoffman, señalada como jefa de Recursos Humanos. De acuerdo a la reconstrucción, Soler le habría exigido que ingresara a los cajeros para desconectar programas. Ese tipo de intervención apunta a sistemas de operación o registro, y la fiscalía intenta determinar qué impacto tuvo en la trazabilidad de movimientos y transacciones dentro de la empresa.

En el mismo entramado aparece el rol logístico atribuido a Soloaga, ligado al traslado y a la modificación de un vehículo. Según los investigadores, el jefe de choferes se ocupó de mover una camioneta Toyota SW4 hacia un lugar mencionado como “covacha de civil”, donde se retiraban ploteos y pinturas. La hipótesis apunta a la eliminación de identificaciones que podrían vincular el vehículo con actividades o recorridos relevantes para la pesquisa.

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Mientras se ejecutaban detenciones y secuestros, la investigación abrió otro frente que conecta la causa con instituciones deportivas. Los investigadores realizan diligencias en 17 clubes, con mención específica a Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield. La información oficial difundida no detalla el objetivo puntual de esas medidas, pero el movimiento sugiere que el expediente busca rastrear vínculos, flujos de dinero o relaciones operativas más allá del núcleo empresarial.

Con cuatro arrestos, 14 allanamientos y un paquete de chats bajo análisis, el caso Sur Finanzas entra en una etapa de mayor presión procesal. La fiscalía apuesta a sostener que hubo intentos concretos de borrar pruebas y a justificar por qué la detención resultaba necesaria para resguardar el expediente. En lo inmediato, la causa se concentra en qué información quedó recuperada, qué faltantes detectó la Justicia y qué derivaciones surgen de las diligencias que siguen en curso.

Fuente: NA.