Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Caputo por la manipulación de datos del INDEC

Legisladores opositores acusaron al ministro de Economía de alterar la aplicación del nuevo índice de inflación y de incurrir en abuso de autoridad.

La publicación y el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvieron al centro de la escena política tras una denuncia penal presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca acusaron al funcionario de incurrir en irregularidades vinculadas a la decisión de no aplicar el nuevo esquema de medición que el INDEC tenía previsto implementar desde enero.

La presentación judicial sostiene que la determinación de mantener el cálculo vigente del IPC, basado en componentes anteriores, constituye una interferencia en el funcionamiento técnico del organismo estadístico. Según la denuncia, el nuevo índice ya estaba preparado para entrar en vigencia y su postergación alteró la dinámica institucional prevista para este año.

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A través de su cuenta en la red social X, Julia Strada detalló que la denuncia se formuló “por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”. La legisladora enmarcó la acusación dentro de un supuesto uso indebido de facultades ministeriales.

En el planteo presentado ante la Justicia, Strada afirmó que “Caputo incurrió en irregularidades varias” y señaló que el ministro “ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”. Según la economista, el INDEC había resuelto en octubre de 2025 aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026.

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La diputada sostuvo que la decisión de postergar la implementación tendría relación con el impacto que el nuevo cálculo podría generar en el contexto de recomposición tarifaria. En esa línea, analizó que “esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”.

Para la oposición, la discusión no se limita a una cuestión técnica, sino que involucra efectos económicos amplios. Strada consideró que “se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad” y advirtió que la manipulación del instrumento estadístico “determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”.

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Otro de los puntos señalados en la denuncia refiere a la difusión anticipada de información. La legisladora indicó que “el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique”, y agregó que incluso “adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial”.

En ese marco, afirmó que “de esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”. El secreto estadístico constituye uno de los pilares del sistema nacional de estadísticas, ya que resguarda la confidencialidad y la independencia técnica en la producción de datos oficiales.

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La controversia reabre el debate sobre la autonomía del INDEC, un organismo cuya credibilidad resulta determinante para el diseño de políticas económicas, la actualización de contratos y la confianza de los mercados. Desde la oposición remarcaron que el IPC “impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”.

Por el momento, el Ministerio de Economía no difundió una respuesta formal a la denuncia presentada por los legisladores. La causa quedará ahora bajo análisis judicial, en un contexto donde la discusión por la inflación y su medición mantiene alta sensibilidad política y económica.