Milei sube el ritmo en el Congreso y suma glaciares, universidades y 2027

Tras una seguidilla de votaciones exprés, el oficialismo busca otra señal en el Senado con glaciares y acelera un plan universitario mientras mira 2027.

El ritmo que el oficialismo consiguió en el Congreso en apenas 24 horas dejó una lectura clara en la Casa Rosada: no piensa aflojar. Con la media sanción de la reforma laboral, el régimen penal juvenil y la ratificación del acuerdo Unión Europea–Mercosur como telón de fondo, el Gobierno ordena una nueva tanda de objetivos. El foco inmediato se reparte entre la ley de glaciares y un proyecto para fortalecimiento universitario, mientras en paralelo toma forma una discusión electoral con fecha más larga.

La mesa política del Ejecutivo interpretó ese margen parlamentario como una oportunidad para empujar sin pausa lo que considera su agenda central. En ese clima, cerca de Javier Milei hablan de un oficialismo “envalentonado” por los resultados recientes y decidido a trasladar esa energía a la Cámara Alta. La intención es conseguir una nueva aprobación antes de que terminen las sesiones extraordinarias.

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En el plano legislativo más urgente, el Gobierno quiere que la reforma laboral llegue a Diputados sin cambios, con una meta puesta para el 25 de febrero. Karina Milei busca que ese trámite se complete tal cual salió y no se convierta en una negociación con cesiones. La presión del PRO aparece como un dato del escenario, pero no como un motivo para frenar el paso.

Ese mismo día, o el 26 de febrero, el oficialismo pretende abrir otra escena en el Senado: empujar la media sanción de la nueva ley de glaciares. La estrategia apunta a concretar ese gesto antes del 2 de marzo, con la mirada colocada en una cumbre minera en Canadá que el Gobierno considera relevante. No se trata solo de tiempos parlamentarios: también pesa el cálculo político sobre qué señal llega al exterior y en qué momento.

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La referencia a Canadá no queda aislada del armado interno. En el relato del oficialismo, ese encuentro funcionó como un punto de contacto donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Pablo Quirno consolidaron una relación de confianza. En esa gira también participaron gobernadores aliados, un detalle que el Gobierno usa para leer respaldos en un tablero más amplio que el Congreso.

En la trastienda, la Casa Rosada también toma nota de los costos que dejaron algunas votaciones recientes. El régimen penal juvenil, que logró un apoyo inesperado al sumar a un diputado peronista no alineado con gobernadores, abrió un frente de malestar en varias provincias. La preocupación central pasa por la falta de financiamiento y el impacto en los presupuestos de los servicios penitenciarios, un punto que expuso Gisela Scaglia desde Provincias Unidas, pero el oficialismo no planea introducir cambios en el Senado.

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Mientras esa tensión late con las provincias, el Gobierno prepara otro envío para las próximas horas: un proyecto que reemplace la ley de fortalecimiento universitario. La ley vigente está promulgada, pero el Ejecutivo no la cumple y ese incumplimiento derivó en denuncias penales contra el Presidente y varios ministros, según el texto fuente. En ese contexto, el reemplazo no aparece como un detalle técnico sino como un movimiento político para reordenar un conflicto que sigue abierto.

En los últimos días, el secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Alvarez negociaron con rectores del Consejo Universitario un texto alternativo. La propuesta reconoce un monto que quedó fuera de la paritaria 2025 cercano al 14% y plantea el compromiso de rediscutir salarios para 2026 cada dos meses. A diferencia de la ley sancionada, no incorpora el registro del 38% que, según el texto, perdieron en 2024 docentes y no docentes, y por eso los rectores no quieren validar la oferta con un documento cerrado.

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Con el calendario inmediato cargado, el oficialismo deja para después de las extraordinarias un debate que considera estratégico: la reforma electoral. En la cúpula del Gobierno admiten que el tema no corre con urgencia y lo resumen en una frase que circula puertas adentro: “No es una urgencia”. Aun así, trabajan en un croquis que retoma ideas del proyecto original de la ley Bases, con la mirada puesta en su implementación para 2027.

El dibujo electoral que se asoma no incluye volver al sistema uninominal por sección que se discutía en los primeros días de gestión. En cambio, con la boleta única papel ya convertida en ley, el Gobierno busca dar un paso más: eliminar definitivamente las PASO luego de la suspensión que se aplicó en las legislativas del año pasado. El otro objetivo es habilitar que el votante pueda elegir todas las categorías bajo una misma marca, una medida pensada para que la figura principal de una boleta traccione hacia cargos inferiores si todo se vota el mismo día y con el mismo sistema.

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En ese tablero también aparece la Dirección Nacional Electoral (DINE), donde por ahora no hay cambios, aunque el ministro del Interior los mantiene como una posibilidad. Luz Landívar sigue en su cargo y, según el texto fuente, llegó de la mano de equipos de fiscalización vinculados a Guillermo Dietrich de cara al balotaje. En la Casa Rosada reconocen objeciones internas y dejan abierta una pregunta que, como tantas en este tramo, depende del resultado de las próximas votaciones.