Diputados debatirá en agosto la Ley de Inocencia Fiscal para blanquear USD 170 mil millones

El oficialismo buscará ampliar el régimen simplificado y elevar del 15% al 30% el piso para revisiones de ARCA, mientras negocia con bloques aliados para alcanzar el quórum.

Se estima que unos 170 mil millones de dólares permanecen fuera del sistema financiero, cifra que impulsa el nuevo proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa será el tema principal en la agenda de la Cámara de Diputados durante los primeros días de agosto. El objetivo del Gobierno es sumar contribuyentes que incorporen sus tenencias en moneda extranjera.

Tras el receso por las vacaciones de invierno, La Libertad Avanza iniciará una ronda de negociaciones con los bloques dialoguistas para asegurar el respaldo a la iniciativa. Las conversaciones estarán a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, y los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado. El oficialismo buscará replicar los acuerdos que permitieron la aprobación de la ley en diciembre.

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La estrategia del oficialismo consiste en tratar el proyecto primero con los bloques aliados, como la UCR, el PRO e Innovación Federal, antes de llevarlo al debate en comisión. Este paso es considerado fundamental, dado que sin el apoyo de estos sectores, La Libertad Avanza no podrá avanzar con la sanción de la ley. Se busca construir un consenso previo que facilite su tratamiento en el recinto.

La conformación actual de la cámara baja obliga al gobierno a tejer alianzas para lograr sus objetivos legislativos. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 95 legisladores propios. Por lo tanto, necesita conseguir el acompañamiento de otros 34 diputados para alcanzar los 129 necesarios para tener quórum y aprobar el proyecto.

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En este contexto, el oficialismo apunta a sumar el respaldo de los legisladores de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad. Estos bloques provinciales suman en total 36 legisladores, un número que resultaría suficiente para que el gobierno logre su cometido. La articulación con estos espacios será clave durante las próximas semanas.

El proyecto busca reeditar el objetivo que tenía la ley sancionada en sesiones extraordinarias: facilitar un blanqueo para los dólares «guardados en el colchon». Esta medida intenta responder a la desconfianza que persiste en algunos sectores para incorporar sus ahorros al sistema financiero. Para ello, se propondrá que todos los contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias.

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Una de las modificaciones centrales que incluirá la nueva ley es el umbral para las revisiones de ARCA. Actualmente, el organismo fiscalizador puede iniciar una revisión cuando detecta discrepancias de más del 15% entre los ingresos y los bienes declarados por un contribuyente. El nuevo proyecto contempla elevar ese piso hasta el 30%.

Por su parte, Unión por la Patria anticipó que buscará introducir cambios en el proyecto, enfocados en los contribuyentes «politicamente expuestos». La propuesta del peronismo es prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares puedan beneficiarse de este régimen de declaración simplificada. Estas propuestas surgieron tras el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó la ley para rectificar su declaración jurada.

Las negociaciones del oficialismo no se limitan a los bloques dialoguistas más consolidados. Según trascendió, no se descarta intentar sumar el apoyo de por lo menos 4 diputados del bloque Provincias Unidas. Estos legisladores formaban parte del PRO hasta el mes de diciembre.