Chubut llamó a las provincias patagónicas para unificar un reclamo ante Nación por demoras en los pagos a prestadores y el impacto en la atención de adultos mayores.
La preocupación por la atención sanitaria de los adultos mayores en la Patagonia escaló a un plano político y operativo que busca una respuesta concreta de Nación. En los próximos días, Chubut reunirá a las provincias patagónicas para acordar un planteo común ante el Gobierno nacional por la situación de PAMI, con foco en atrasos de pagos a prestadores y las consecuencias que eso ya genera en la cobertura cotidiana.
La convocatoria la confirmó la secretaria de Salud, Denise Acosta, después de un encuentro en Puerto Madryn con referentes de Adultos Mayores, el Programa de Salud de la Tercera Edad (PROSATE), autoridades de la delegación local de PAMI y representantes municipales. La reunión funcionó como una mesa de diagnóstico, donde se cruzaron miradas del sistema público provincial, del nivel local y del organismo nacional que garantiza prestaciones a jubilados y pensionados.
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El objetivo inmediato es fijar una postura unificada antes de llegar al Consejo Federal de Salud (COFESA), el ámbito donde las provincias discuten con Nación temas críticos del sistema. Según la planificación oficial, el reclamo regional se presentará en el próximo COFESA, previsto para el 23 de febrero, con un planteo común y con puntos específicos que se repiten en distintas jurisdicciones patagónicas.
En el centro del reclamo aparecen los atrasos en los pagos a prestadores y el efecto dominó que produce esa demora cuando se sostiene en el tiempo. Desde la Secretaría de Salud se anticipó que el encuentro patagónico pondrá el acento en cómo esa situación impacta en la atención sanitaria de los adultos mayores, un grupo que depende de la continuidad de turnos, prácticas, controles y recetas para sostener tratamientos.
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En ese marco, el Gobierno provincial planteó una medida de contención que deja a la vista el nivel de tensión del sistema. Chubut afrontó pagos destinados a médicos de cabecera para sostener la regularidad de las prestaciones y evitar que el vínculo entre afiliados y profesionales se corte. La decisión buscó “destrabar” el cuadro inmediato, pero también expuso el costo de sostener con fondos provinciales un circuito que depende de PAMI.
La reunión de la próxima semana con los titulares de las carteras sanitarias patagónicas apunta a ordenar ese diagnóstico en una agenda común. Se analizará la situación de PAMI en cada provincia, con énfasis en cuáles son las prestaciones que se ven más afectadas cuando la cadena de pagos se frena y qué zonas registran mayores dificultades para garantizar atención sostenida, sobre todo lejos de los grandes centros urbanos.
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Además del reclamo por los pagos, la estrategia regional incorporará una discusión que atraviesa a toda la Patagonia: los aranceles de PAMI en la región. El planteo buscará llevar un criterio común respecto de los valores que se pagan y su relación con los costos reales de sostener atención médica en un territorio extenso, con traslados, logística y disponibilidad de profesionales que no siempre se resuelve con la misma facilidad que en áreas más densamente pobladas.
La postura unificada también incluirá “otros cuestionamientos” vinculados al funcionamiento de la obra social nacional, según se indicó desde la provincia. En la lectura patagónica, el problema no se agota en un atraso puntual: se trata de un modo de operación que, cuando se tensiona, pone en riesgo la continuidad del sistema y obliga a provincias y municipios a intervenir para que la atención no se interrumpa.
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Con ese cuadro sobre la mesa, Chubut buscará que el tema no quede diluido en un intercambio formal. La intención política y sanitaria es llegar al COFESA con un reclamo regional compacto, con ejes definidos y con el respaldo de las provincias patagónicas para exigir una respuesta de Nación sobre PAMI, prestadores y aranceles, en un escenario donde cada demora se traduce en dificultades concretas para miles de afiliados.
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