Jubilados sin turnos y clínicas al límite: el PAMI quedó en el centro de la crisis sanitaria patagónica

Desde esta semana, miles de afiliados del PAMI en la Patagonia comenzaron a encontrarse con una respuesta inesperada al intentar pedir turnos médicos. Consultas programadas, estudios y tratamientos ambulatorios dejaron de prestarse en clínicas privadas de varias provincias, en un escenario que tensiona al sistema sanitario regional.

La medida alcanzó a establecimientos de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, donde el sector privado cumple un rol central en la atención de jubilados y pensionados. Las instituciones confirmaron la suspensión de las prestaciones no urgentes ante la falta de pagos y la ausencia de actualizaciones en los valores que abona el PAMI.

Aunque las urgencias y emergencias continúan siendo atendidas, la restricción dejó a miles de personas mayores con acceso limitado a controles, diagnósticos y tratamientos. En muchos casos, se trata de prácticas que no pueden postergarse indefinidamente sin consecuencias sobre la salud.

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El conflicto se arrastra desde hace meses, pero se profundizó tras la falta de respuestas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Las clínicas habían advertido la situación en una nota enviada el 4 de febrero de 2026 al director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, donde alertaban que, sin soluciones inmediatas, la afectación de los servicios sería inevitable.

Al no regularizarse la deuda ni conformarse una mesa técnica para revisar los aranceles, las instituciones avanzaron desde el 10 de febrero con una limitación progresiva de las prestaciones. La decisión, según aclararon, no fue planteada como una medida de fuerza, sino como una consecuencia directa de una crisis económica que volvió insostenible la operatoria diaria.

Las clínicas explicaron que el PAMI representa, en promedio, el 40% de sus ingresos, porcentaje que en algunos establecimientos supera el 50%. Esa dependencia convierte los pagos del organismo en un factor clave para sostener salarios, comprar insumos médicos y mantener servicios esenciales.

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Entre los principales problemas mencionaron los atrasos en el pago de prestaciones ambulatorias y de los módulos de internación de Nivel II y III, además del corrimiento constante de las fechas de cobro. Esa situación impidió cumplir en tiempo y forma con el pago de sueldos y obligaciones básicas.

A ese cuadro se suma un fuerte desfasaje entre los costos reales y los valores que abona el PAMI. Los prestadores señalaron que los aranceles quedaron muy por detrás de la inflación, obligándolos a absorber aumentos en medicamentos, tecnología y mantenimiento edilicio sin una compensación acorde.

El comunicado que formalizó la suspensión fue firmado por más de 28 instituciones privadas de la región. En Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa, sanatorios y clínicas coincidieron en que la situación llegó a un punto crítico que pone en riesgo la continuidad del servicio.

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La crisis también impactó en el sistema público. En Neuquén, el gobierno provincial inició un reclamo judicial contra el PAMI por una deuda superior a 1.500 millones de pesos por prestaciones brindadas en hospitales públicos. Desde el Ministerio de Salud advirtieron que un alto porcentaje de las camas hospitalarias está ocupado por afiliados del organismo.

Esa presión financiera se traslada al sector público cuando los pagos no llegan y las clínicas privadas restringen la atención. El resultado es un sistema cada vez más exigido, con menos margen para absorber la demanda.

Mientras tanto, los prestadores insisten en que buscan preservar la atención y las fuentes de trabajo, pero advierten que, sin una recomposición financiera urgente, el sistema sanitario privado de la Patagonia podría entrar en una zona de riesgo operativo. Para los afiliados del PAMI, la incertidumbre ya se traduce en turnos cancelados y tratamientos postergados.