Suicidios, sueldos y sanciones: la protesta policial en Santa Fe se transforma en crisis

Actualidad11/02/2026

Crisis policial en Santa Fe

El reclamo sumó piquetes, cruces internos y temor por el patrullaje en plena “pacificación” del Plan Bandera. El gobierno anunció pases a disponibilidad y pidió investigar delitos.

La escena que empujó el conflicto al primer plano no salió de una paritaria ni de un despacho: un efectivo se quitó la vida frente a la Jefatura y, desde ahí, el malestar dentro de la policía santafesina tomó otra dimensión. La protesta arrancó en Rosario, creció con piquetes y quedó atravesada por un diagnóstico que mezcla salario, condiciones de trabajo y salud mental. En el trasfondo aparece una pregunta que preocupa a la provincia: qué pasa con la seguridad pública si el patrullaje se resiente.

La discusión se enredó todavía más cuando el Ejecutivo provincial anunció mejoras laborales y salariales, pero recortadas a un sector de la fuerza. Esa segmentación no desactivó la bronca y, por el contrario, alimentó el reclamo de quienes quedaron afuera, como trabajadores del 911, técnicos y bomberos. El episodio terminó de exponer una grieta interna entre “fuerzas de calle” y otras áreas, con impacto directo en la calle rosarina.

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Durante la noche del lunes, efectivos de alta jerarquía desalojaron a oficiales, allegados y familiares que, según el gobierno, impedían la salida de móviles en el portón principal de la Unidad Regional II. El movimiento encendió la tensión y empujó respaldo de sectores que, paradójicamente, aparecen como los más beneficiados por los anuncios previos. Con esa postal, la protesta dejó de ser un reclamo aislado y empezó a rozar el funcionamiento cotidiano de la institución.

El martes, el Ejecutivo buscó mostrar control y endureció el tono. En conferencia de prensa anunció el pase a disponibilidad de “al menos” veinte policías identificados y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, informó que pediría al Ministerio Público de la Acusación que investigue “posibles ilícitos penales”. La definición se completó con otra advertencia directa, que funcionó como línea roja política: “Se use a la institución policial para minar la política de seguridad”.

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En paralelo, el gobierno intentó anclar su posición en un dato que venía difundiendo con fuerza: enero habría sido el mes con menos homicidios dolosos en este siglo en Santa Fe. Esa “pacificación”, en el marco del Plan Bandera, también recibió elogios de la ministra Alejandra Monteoliva, según el texto base. Con ese telón de fondo, la protesta se lee como un riesgo sobre el capital político de la seguridad, especialmente en Rosario.

En los piquetes circuló incluso otra versión que, sin confirmación en anuncios formales, mostró el nivel de ansiedad del momento: la posibilidad de que fuerzas federales reemplacen a la provincial si el conflicto escala. Ese rumor convivió con un dato concreto del paquete para “fuerzas de calle” en el Gran Rosario y Gran Santa Fe: la mejora salarial los llevaría a cobrar más que integrantes de fuerzas federales que actúan en territorio santafesino. Aun así, el paquete no logró ordenar el frente interno porque dejó sectores sin mejora y abrió una disputa por criterios de distribución.

La postura oficial eligió un enfoque que separa reclamo legítimo de conducción “desestabilizadora”. Cococcioni sostuvo: “Vamos a cuidar la política de seguridad que le devolvió la paz a los santafesinos”, y habló de “grupos marginales y desplazados de la Policía” que, según su mirada, empujan el conflicto con intereses propios. En la misma línea, describió una mecánica de organización interna y acusó: “Se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron fake news”.

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El gobierno también detalló medidas administrativas concretas contra los efectivos separados. Señaló que el jefe de Policía inició actuaciones con apoyo de la Subsecretaría de Control, y que a los alcanzados por sanciones se les retiró el arma reglamentaria y el chaleco antibalas. Además advirtió que, si se comprueban delitos en un contexto de falta de patrullaje, podría avanzar una acusación penal, con el impacto que eso implica para personal en actividad.

Del lado de los policías, la discusión pública puso sobre la mesa un deterioro cotidiano que, según el texto, se veía desde hace meses en una postal repetida: efectivos haciendo dedo en la autopista Rosario–Santa Fe para volver a sus hogares del norte santafesino tras cumplir servicio. En respuesta, el gobierno anunció que “habrá transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias”, y sumó “alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe” para quienes viven en otras localidades, con condiciones equivalentes a fuerzas federales desplegadas en la provincia. El problema es que el conflicto ya no giraba solo alrededor de logística.

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La salud mental se convirtió en el corazón más sensible del reclamo y también en el dato más duro del panorama. El texto menciona que solo en Rosario hubo 25 suicidios de policías provinciales y federales en 2025, y que en el último mes y medio al menos cuatro efectivos santafesinos se quitaron la vida. Se nombran dos casos que marcaron el pulso de la protesta: Maximiliano Trujillo, de la comisaría 15ª, y Oscar Valdez, que murió tras dispararse frente a la Jefatura luego de quitarle el arma a una compañera, mientras estaba con licencia por “carpeta médica”.

Antes de que el conflicto escalara, el Ejecutivo reconoció que 560 efectivos reciben asistencia psicológica y defendió un criterio de control sobre el personal armado. Cococcioni lo planteó así: “Nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad”, y agregó: “Son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente”. Ya con la protesta en marcha, el gobierno anunció un “programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro” que incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento familiar.

El gobernador Maximiliano Pullaro intentó sostener la idea de normalidad operativa y negó un retiro masivo de tareas. Aseguró que “no hubo abandono de tareas por parte de la policía”, que el despliegue se mantuvo y que Rosario sumó refuerzos desde otras zonas. Sin embargo, desde el Ejecutivo también apareció un límite discursivo frente a los piquetes: “No tenemos problemas en dialogar, lo que sí no aceptamos es la extorsión”, con una advertencia final que sube el tono: “Porque ya estamos hablando de delito”.

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La protesta también sumó una voz que ordenó el reclamo salarial desde el lado policial. El abogado Gabriel Sarla repite que los policías “no llegan a mitad de mes con el sueldo” y buscó bajar el perfil de la escalada, aunque describió un episodio de la noche del lunes con dureza. Dijo: “El conflicto tomó una escala que no queríamos”, y acusó: “El jefe policial (Luis) Maldonado, en un momento de arrebato y locura, decidió reprimir a compañeros y familiares de compañeros”.

En esa misma reconstrucción, Sarla aseguró que hubo heridos en el marco de empujones y agresiones que se vieron en videos viralizados. Señaló: “Hay una embarazada afectada con gas pimienta y una mujer grande herida”, y sostuvo que “los policías tuvieron que defender a sus familiares”. Luego describió el motivo central que, según su mirada, encendió el conflicto por encima del paquete de medidas: “Solicitamos que el aumento sea para toda la policía y no para algunos. Salieron con un paquete de medidas de un momento para otro, intentaron dividir”.

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Desde Seguridad, la respuesta apunta a sostener diferencias por riesgo y territorio, con una frase que marca el criterio oficial. “No pueden cobrar lo mismo los que arriesgan la vida en Rosario o en Santa Fe que los que trabajan en otras unidades regionales”, contestaron. Esa discusión salarial, lejos de cerrarse, se mezcla con el telón de fondo narco y con una historia reciente que en Rosario pesa: detenciones por corrupción en la plana mayor policial y cambios de escenario que alteran equilibrios del delito.

El texto también ubica el conflicto en un contexto donde la seguridad se volvió capital político y donde el Plan Bandera buscó correr el tema de la agenda mediática, aunque siguió como preocupación social. Se mencionan episodios que marcaron la etapa previa, desde asesinatos que recorrieron medios internacionales hasta detenciones por robo de combustible de patrullas y nuevas rutas de tráfico que aparecen con las “narcoavionetas”. Con esa trama, la protesta policial no se reduce a un reclamo sectorial: toca la calle, la gobernabilidad y la forma en que Santa Fe intenta sostener su propia narrativa de control.