Más peajes y empresas: el plan para 2.500 kilómetros de rutas en cuatro corredores clave

Con la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, Nación habilitó un proceso para cuatro corredores clave y promete un esquema “sin subsidios”.

La decisión del Gobierno pone en marcha una nueva etapa para rutas por donde circulan cargas, producción y turismo, con un cambio de reglas que impacta directo en cómo se financia el mantenimiento. El Ministerio de Economía autorizó una licitación pública nacional e internacional para concesionar más de 2.500 kilómetros de corredores estratégicos. El movimiento se inscribe en la Red Federal de Concesiones y reabre la discusión sobre peajes, inversiones privadas y control estatal.

El proceso quedó oficializado por la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla que las empresas se hagan cargo de obras y servicios bajo el régimen de concesión por peaje. No se trata solo de cortar pasto o bachear: el pliego apunta a construcción, reparación, ampliación, conservación y explotación de los tramos. El esquema también habilita “explotaciones complementarias o colaterales” para generar ingresos adicionales.

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El mapa de la licitación se arma en cuatro corredores con perfiles distintos, pensados para mover mercadería y conectar nodos productivos del centro del país. El tramo Mediterráneo suma 672 kilómetros y enlaza áreas de producción con logística y transporte. El Puntano agrega 720 kilómetros y se plantea como eje de cargas de larga distancia.

Los otros dos tramos miran de frente al circuito portuario, con rutas que alimentan accesos y plataformas de exportación. El Portuario Sur comprende 637 kilómetros vinculados a entradas a puertos y nodos logísticos. El Portuario Norte suma 528 kilómetros y conecta polos industriales y portuarios, con un rol clave en el flujo de transporte.

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En el listado aparecen rutas nacionales de alto tránsito y accesos que ordenan el ingreso a zonas urbanas y productivas. La cobertura incluye las rutas 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. En términos provinciales, la Etapa II-B abarca tramos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Para el usuario común, eso se traduce en corredores donde suele concentrarse el movimiento de larga distancia y la logística regional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, venía marcando el anuncio en redes y lo vinculó con una meta de infraestructura. En el anticipo, señaló que el objetivo era “modernizar” la red vial. Ya con el esquema en marcha, explicó que se busca reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor protagonismo privado en la construcción y el mantenimiento. En otro pasaje, sostuvo: “estas obras, que se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

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El llamado también incorpora herramientas administrativas para ordenar la selección y el control del proceso. Según se informó, la publicación del llamado se extenderá durante siete días y se sumará la difusión en el sitio web del Ministerio. Además, se creó una comisión evaluadora ad hoc para llevar adelante el trámite. En la práctica, ese punto se vuelve central porque define cómo se comparan ofertas y qué parámetros pesan al momento de adjudicar.

La lógica de fondo aparece ligada a la promesa fiscal del Gobierno y al traslado de responsabilidades hacia privados. El artículo plantea que la iniciativa apunta a reducir el déficit y equilibrar cuentas, con la operación y el mantenimiento en manos de concesionarios. En ese marco, Caputo también afirmó: “seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”. La discusión, a partir de ahora, pasa por el detalle fino: qué obras se exigen, qué controles se aplican y cómo queda el costo para el usuario en cada corredor.

Fuente: LA NACION.