En Santa Cruz se debate levantar un cerco de 2 metros de alto y 300 kilómetros de extensión

Actualidad11/02/2026

Guanaco foto ilustrativa fuente Freepik

La propuesta apunta a frenar el cruce de guanacos con una barrera de dos metros sobre la ruta 3, en 2,26 millones de hectáreas y más de 100 estancias.

En el nordeste de Santa Cruz, la ganadería ovina discute una idea tan simple como incómoda: levantar una barrera física de dos metros durante cientos de kilómetros para ordenar la convivencia entre producción y fauna. La iniciativa circuló fuerte en la 102ª Exposición Rural de Puerto Deseado, donde productores y funcionarios escucharon un planteo que mezcla suelo, rentabilidad y tecnología. La escena no se limita a una obra: abre una conversación sobre cómo se maneja la estepa cuando el sistema tradicional deja de dar respuestas.

El proyecto parte de un diagnóstico duro que no se reduce a un solo factor, pero suma piezas conocidas por cualquiera que mire el campo santacruceño. La propuesta menciona falta de políticas agropecuarias sostenidas, presión de fauna silvestre, aumento de depredadores y avance de la desertificación. Ese combo, según el planteo, empuja pérdida de stock, abandono de campos y menor actividad económica en zonas donde la oveja marcó la historia productiva.

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La herramienta que concentra atención es una “membrana” o cerco continuo, pensado para cortar el cruce de guanacos en un corredor ligado a la ruta nacional 3. El tramo se ubica entre la ruta y el mar, con una extensión proyectada de entre 315 y 400 kilómetros en el noreste provincial. El área abarca 2.260.000 hectáreas e incluye un centenar de establecimientos agropecuarios que quedarían dentro de un mismo esquema de manejo.

Detrás de la idea aparece el nombre de Sebastián Apesteguía, Técnico de Producción Agropecuaria y dueño de los establecimientos La Rufina y La Pava, a unos 70 kilómetros de Puerto Deseado. En esa zona se gestó la emergencia agropecuaria anunciada días atrás para toda la provincia, un dato que empuja a buscar alternativas con rapidez. El productor también suma recorrido institucional: fue dirigente en la Sociedad Rural de Puerto Deseado y presidió la Federación de Instituciones Agrarias de Santa Cruz (FIAS), donde hoy figura como vocal.

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Apesteguía plantea el proyecto como un armado colectivo, con reglas que incluyan realidades muy distintas bajo el mismo mapa. “Será un proyecto inclusivo porque dentro de esta área hay productores grandes, medianos y chicos, proponemos programación de pastoreo, pero también hablamos de lugares que se van a dejar descansar, porque el productor que no tiene animales también va a poder recibir sus bonos de carbono”, explicó al presentar la iniciativa. El planteo busca que el ordenamiento de cargas y descansos del suelo no quede atado a quién tiene más stock, sino a un esquema común y medible.

En lo técnico, la altura de la barrera aparece como un punto no negociable por una razón concreta: el guanaco salta obstáculos altos. El proyecto fija dos metros de altura efectiva porque considera que el animal supera hasta 1,60 metro, y por eso eleva el estándar. La obra se diseña para una vida útil de 50 años y prevé materiales de economía circular local, como tubing petrolero recuperado, una decisión que intenta bajar costos y sumar proveedores de la provincia.

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La propuesta no plantea un “cierre” absoluto del territorio, sino un control que mantenga conectividad biológica con pasos regulados. El clúster incluiría eco-ductos o compuertas cada 5 a 10 kilómetros, que se abrirían de forma estratégica para permitir flujo genético de fauna silvestre. En paralelo, el plan busca ordenar la carga dentro del área productiva con un límite explícito: la carga de guanacos no debería superar el 10% de la receptividad del suelo, y el excedente iría a aprovechamiento comercial de carne y fibra, una práctica que ya funciona a través del Plan de Manejo del Guanaco.

El punto que define viabilidad, según el propio diseño, pasa por el financiamiento y por cómo se devuelve la inversión sin asfixiar al productor. El esquema propone un capital inicial con 50% inversión privada, 30% del Estado y 20% de créditos blandos, sostenido en un “insetting regional” donde empresas mineras e hidrocarburíferas comprarían Bonos Santacruceños para cubrir metas ambientales. “Parte del dinero que adelantan se les van a devolver con los bonos verdes para ellos pueda compensar la huella de carbono que generan”, sostuvo Apesteguía, mientras el proyecto calcula amortización a 50 años y devolución “a valor producto” con kilos de lana, carne o carbono.

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La apuesta también incluye control tecnológico para que el sistema no dependa solo de buenas intenciones ni de papeles difíciles de verificar. El modelo contempla caravanas electrónicas, trazabilidad completa y certificaciones de huella de carbono negativa para lana y carne. En ese marco, el proyecto habla de pasar de un control letal de depredadores a una defensa con barreras físicas, para certificar producción “wildlife friendly”, amigable con la fauna. Y suma una pieza clave para que los bonos existan como herramienta concreta: “Queremos que el INTA genere el protocolo nacional, avalado internacionalmente para certificar los Bonos de Carbono, y nuestro insetting regional, es que proponemos que la industria extractiva como la minería en el Macizo del Deseado, en vez de comprar bonos a nivel internacional, compensen su propia huella comprando bonos de carbono en Santa Cruz”, explicó.

Fuente: LA NACION.