Investigan una megaestafa “con las Amarok” y empleados del Santander

Actualidad11/02/2026

Empleados del banco Santander investigados.

Un trámite rápido, una promesa de dinero fácil o una compra que parecía conveniente fueron el inicio de una pesadilla para al menos treinta personas en Jujuy. Hoy, la Justicia investiga una compleja estafa que ronda los 1.000 millones de pesos y que involucra la venta fraudulenta de camionetas y autos de alta gama con prendas ocultas.

La causa está en manos de la fiscal Daiana Serrano Antar, quien decidió dividir la investigación en dos tramos debido a la cantidad de personas involucradas y a la magnitud del daño. Aunque la maniobra presenta un patrón común, los roles y responsabilidades varían según cada etapa del esquema.

En el primer tramo ya se realizaron allanamientos, secuestros de documentación y análisis de dispositivos electrónicos. Esas medidas derivaron en imputaciones y declaraciones ante el juez. En paralelo, la fiscalía avanza sobre un segundo grupo de hechos, donde aparece la mayor cantidad de damnificados.

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Hasta el momento, hay imputados un empleado y un gestor del Banco Santander, una persona vinculada a una concesionaria y otra dedicada a captar víctimas. La investigación también intenta determinar si hubo participación de escribanos, una hipótesis que aún depende de informes caligráficos pendientes.

El expediente revela dos perfiles de víctimas claramente diferenciados. Por un lado, empleados municipales, jubilados y personas de bajos recursos, a quienes se les ofrecían sumas de dinero para firmar papeles en una escribanía. Más tarde, esas personas descubrían que figuraban como titulares de créditos prendarios por vehículos que nunca habían visto.

Por otro lado, aparecen compradores de camionetas de alta gama, que pagaron entre 40 y 60 millones de pesos creyendo que adquirían vehículos sin deudas. Con el tiempo, se enteraron de que los autos tenían prendas activas y una deuda bancaria millonaria asociada.

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El abogado Fernando Bóveda, representante de quince víctimas, explicó que las estafas comenzaron en 2023. En muchos casos, un hombre se acercaba a un corralón municipal de San Salvador y ofrecía 200.000 pesos a personas necesitadas con la excusa de firmar formularios ante un escribano. “Esas personas fueron y les hicieron firmar la compra de un auto de alta gama cero kilómetro que tenía una prenda con el Banco Santander”, detalló.

Según el letrado, los créditos prendarios se registraban dentro del banco y los vehículos quedaban a nombre de una concesionaria en Córdoba, que luego los trasladaba a Jujuy. Allí se vendían como libres de deuda, especialmente camionetas Volkswagen Amarok, a precios más bajos que los del mercado.

Bóveda describió un esquema aceitado, con roles definidos. Había un captador de personas vulnerables, escribanos que certificaban firmas, empleados bancarios que registraban las prendas, concesionarias que comercializaban los autos, gestores que operaban con los Registros del Automotor y personas encargadas del traslado de los vehículos.

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En diciembre, los damnificados ampliaron la denuncia inicial e incluyeron a más escribanos y al banco como responsable. Para la defensa de las víctimas, la responsabilidad de la entidad financiera es central. “El banco es penalmente responsable”, sostuvo Bóveda, mientras el empleado imputado argumentó que los créditos se gestionaron online y sin contacto directo con gestores.

La investigación también puso la lupa sobre los Registros del Automotor, señalados por inscribir vehículos con documentación irregular y codominios confusos. “Son una pata muy importante porque se usaban papeles falsificados que decían que estaban libres de gravámenes”, advirtió el abogado, y alertó sobre el riesgo legal de que esos autos sigan circulando.

Entre las historias que surgieron del expediente aparece la de una jubilada que descubrió la estafa cuando intentó acceder a descuentos del PAMI. La obra social se los negó porque figuraba como propietaria de un Audi 0 kilómetro, algo imposible de sostener con un haber de 385.000 pesos.

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Otra víctima fue una estudiante que se negó a firmar en una escribanía, pero tiempo después encontró su firma falsificada en una solicitud de crédito. Otros damnificados se enteraron cuando comenzaron a llegarles multas de Buenos Aires por autos que jamás manejaron.

Mientras avanza la causa penal, los abogados impulsan demandas civiles para lograr la nulidad de las prendas. La fiscalía sigue reuniendo pruebas para determinar hasta dónde llega la red de responsabilidades en una estafa que dejó al descubierto fallas graves en los controles del sistema.