Un testigo protegido sacudió la causa Andis y la Justicia cree que la red iba mucho más allá
Policiales15/02/2026
REDACCIÓNLa causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro inesperado en los últimos días. Una declaración de identidad reservada, incorporada bajo estricta custodia judicial, modificó el tablero interno del expediente y aceleró decisiones que estaban en suspenso.
El testimonio, brindado por un testigo protegido, se convirtió en una pieza central para que el juez Sebastián Casanello avanzara con el procesamiento de 19 personas. Entre los señalados aparecen el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete, nombres que quedaron en el centro de la trama.
Más allá de las imputaciones ya conocidas, la Justicia sostiene que el esquema investigado no termina en las maniobras detectadas hasta ahora. La sospecha, según los investigadores, apunta a un entramado más amplio que podría incluir otros delitos, nuevos actores y un circuito económico paralelo.
En ese contexto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi profundizó la mirada sobre el rol de las ortopedias que proveyeron insumos al organismo. Los allanamientos recientes abrieron información sobre transacciones y vínculos comerciales que ahora aparecen bajo revisión.
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Según surge de escuchas telefónicas incorporadas al expediente, Calvete no actuaba solo como gestor, sino como un intermediario que garantizaba pagos desde el Estado a cambio de retornos empresariales. Esa línea, todavía en expansión, es una de las claves que busca confirmar la fiscalía.
Al mismo tiempo, la investigación se corrió hacia el terreno del presunto lavado de dinero. El juez ordenó indagatorias de supuestos lavadores y también interviene la Procelac, en coordinación con el Ministerio Público, para rastrear el destino final de los fondos.
En paralelo, la lupa también alcanzó a la Droguería Suizo Argentina y a la familia Kovalivker, aunque por el momento no fueron procesados. La Justicia mantiene interés en sus comunicaciones internas, pero se topó con obstáculos técnicos que frenan parte del avance.
Uno de los episodios más llamativos fue la entrega de un teléfono sin contenido por parte de Jonathan Kovalivker, mientras que el celular de Emmanuel Kovalivker continúa bloqueado, sin que los peritos logren acceder a su información. Además, ante la negativa de la empresa a aportar claves de correos corporativos, se solicitó información a proveedores en Estados Unidos, un trámite que suele demorar meses.
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La causa también sumó un costado político a partir de un audio atribuido a Pablo Atchabahian, en el que se menciona a un tal “Helvético”, identificado por Casanello como Sebastián Nuner Uner, ejecutivo de la firma. En ese mensaje se habla de “alinear jugadores” y se menciona que el informe llegaría a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem.
Con este escenario, el expediente cambia de manos: desde esta semana quedará bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien deberá decidir si mantiene la delegación en la fiscalía o asume el control directo de la investigación. También tendrá que ejecutar la orden de la Cámara Federal para determinar si fueron manipulados audios clave, un punto que podría incluso derivar en la nulidad del caso.
Mientras tanto, la declaración del testigo protegido ya dejó una señal fuerte dentro del proceso: la Justicia cree que lo que se vio hasta ahora podría ser apenas una parte de una red más extensa, todavía lejos de quedar cerrada.
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