El contrato que expuso un vínculo incómodo y obligó a Cancillería a salir a explicar
Política16/02/2026
REDACCIÓNEl contrato firmado por Cancillería para capacitar en inglés a su personal terminó instalado en redes sociales por un motivo que excede el idioma. La discusión no giró solo en torno al servicio, sino al vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la entidad contratada y un ministro del Gobierno. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno salió a responder públicamente.
El funcionario buscó frenar las sospechas y aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. El acuerdo asciende a $114.044.133 y se destina a cursos de formación para empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La polémica se encendió porque la entidad está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger.
Quirno explicó que la relación entre Cancillería y la asociación no comenzó ahora, sino que se mantiene desde hace años. Según escribió en X, el organismo contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones. La diferencia, señaló, fue que en esta ocasión se aplicó un protocolo especial por tratarse de un caso con parentesco directo.
El canciller detalló que, por el vínculo familiar, “se activó el procedimiento de integridad” previsto para evitar conflictos de interés. Ese mecanismo incluyó la intervención de dos organismos clave del Estado: la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación. La explicación apuntó a mostrar que el trámite tuvo controles adicionales.
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En otro mensaje, Quirno citó el Decreto 202/2017 y remarcó que el expediente quedó expuesto para consulta pública. Señaló específicamente el artículo 4°, inciso b), y sostuvo que, bajo ese marco, “se da publicidad a las actuaciones”. El objetivo fue reforzar que no se trató de una contratación reservada ni oculta.
También aseguró que la documentación del contrato estaba disponible de manera completa en un sitio institucional. En sus palabras, el expediente se encontraba “publicado íntegramente”, y que desde allí se pudo descargar y verificar su contenido. Esa aclaración buscó responder a quienes reclamaban mayor transparencia.
La controversia creció porque el caso mezcla dos planos sensibles: la contratación estatal y los vínculos personales dentro del poder. Aunque el Gobierno insistió en que se siguieron los pasos previstos, la sola presencia de una relación familiar generó ruido político y desconfianza en redes. La respuesta oficial llegó justamente para contener esa lectura.
Durante la tarde del domingo, también se pronunció el entorno del ministro Federico Sturzenegger. Un vocero contactó a Noticias Argentinas y afirmó que lo único que podían aportar era el informe incorporado al expediente. En ese mensaje, sostuvo que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.
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El episodio dejó expuesto cómo, incluso cuando existen procedimientos formales, la percepción pública puede volverse determinante. En tiempos de alta sensibilidad social frente al uso de fondos estatales, las explicaciones institucionales pasan a jugar un rol central. Cancillería eligió responder con decretos, organismos de control y publicaciones oficiales.
Más allá de la legalidad del trámite, el caso mostró que los contratos del Estado ya no se discuten solo en expedientes. También se discuten en redes, en la opinión pública y en el terreno simbólico de la transparencia. Y en ese escenario, el Gobierno quedó obligado a dar señales rápidas de control y supervisión.
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