
El día que la reforma laboral llegue al recinto de Diputados, buena parte del país podría quedarse sin transporte. La Confederación General del Trabajo resolvió que ese mismo día realizará un paro general de 24 horas, una decisión que eleva la tensión política en la previa del tratamiento legislativo.

La medida no incluirá movilización al Congreso. La conducción sindical optó por una demostración de fuerza basada en la paralización total de actividades, especialmente en el transporte, sector que garantiza el impacto nacional de la huelga. La postal que imagina la CGT es la de calles sin colectivos, trenes ni subtes.
La resolución se tomó en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista convocada de urgencia ante la posibilidad de que la sesión se concrete esta misma semana. El oficialismo busca acelerar la aprobación definitiva de la reforma laboral y esa premura terminó de convencer a los sectores más dialoguistas de que no había margen para nuevas negociaciones.


Un dato resultó determinante para avanzar con la huelga: la adhesión de la UTA, el gremio que nuclea a los colectiveros. Desde el sindicato anticiparon su postura con una frase clara: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”. Ese respaldo despejó dudas sobre la efectividad de la medida.
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En los paros anteriores, la ausencia de los colectivos había reducido el impacto. Esta vez, la conducción sindical consiguió el compromiso del transporte urbano y también de los gremios ferroviarios, marítimos y aeronáuticos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte se alineó con la decisión.
El endurecimiento sindical responde, en parte, al polémico artículo 44 aprobado en el Senado. Ese punto reduce el pago de salarios durante licencias médicas y encendió la reacción gremial. Un dirigente dialoguista de la CGT advirtió: “Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”.
El malestar no se limita a ese capítulo. La central obrera rechaza además las modificaciones sobre indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones y las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales. La conducción considera que el proyecto afecta garantías básicas del régimen laboral vigente.
Desde el oficialismo reconocen diferencias internas y evalúan alternativas para evitar que el conflicto sindical complique la sanción. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el artículo cuestionado al afirmar: “Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes en la reglamentación.
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En paralelo, la CGT prepara también el frente judicial. En un documento interno, la central sostiene que la reforma es “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. La estrategia contempla recurrir a tribunales si la ley se aprueba sin modificaciones.
El paro general será el cuarto contra la gestión de Javier Milei y marca un cambio de etapa en la relación entre el Gobierno y el sindicalismo. Sin marcha al Congreso pero con el transporte detenido, la presión se traslada directamente al recinto, donde cada voto será decisivo.















