Un Código Penal de 1921 frente al delito moderno: lo que Milei quiere cambiar
Política16/02/2026
REDACCIÓNArgentina todavía se rige por un Código Penal que nació en 1921, en un país que no conocía internet, ni redes criminales globales, ni delitos ambientales como los incendios intencionales. Ese contraste es el punto de partida de la reforma integral que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso después del debate laboral.
La iniciativa busca endurecer penas y sumar figuras nuevas para responder a formas actuales de criminalidad. Según se explicó, el objetivo es dotar a la Justicia de herramientas más eficaces frente a delitos violentos, narcotráfico y nuevas amenazas que se expanden con la tecnología.
Uno de los ejes centrales apunta a aumentar castigos para hechos que generan alto impacto social. El proyecto incorpora agravantes vinculadas a motochorros y episodios de violencia en espectáculos deportivos, además de endurecer sanciones en causas como abuso sexual, homicidio, trata, terrorismo y narcotráfico.
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En ese punto aparece una de las definiciones más fuertes: varios delitos podrían ser declarados imprescriptibles. Eso significa que nunca perderían la posibilidad de enjuiciamiento por el paso del tiempo, una medida que busca reforzar el peso del castigo penal en crímenes graves.
La reforma también pone la lupa sobre el crimen organizado y el dinero que lo sostiene. El Gobierno quiere avanzar con el decomiso sistemático de bienes ilícitos como herramienta para atacar la financiación de mafias y redes narco. Desde el oficialismo lo ven como un modo directo de presionar estructuras criminales.
Al mismo tiempo, el proyecto incorpora por primera vez un capítulo específico sobre ciberdelito. Se prevé penalizar conductas como usurpación de identidad, grooming y difusión no consentida de datos personales, delitos que crecen en un escenario de digitalización total de la vida cotidiana.
En esa misma lógica de ampliación, la reforma suma delitos electorales, con la intención de extender el alcance penal hacia ilícitos que afectan directamente al sistema democrático. Es un terreno poco explorado en el Código vigente, que ahora se vuelve parte de la agenda.
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Una de las novedades más llamativas es la tipificación del ecocidio. La figura apunta a castigar desastres ambientales provocados, como incendios forestales intencionales, y refleja un giro hacia una protección penal más dura del ambiente.
El texto, redactado por juristas durante varios meses, abre también una tensión política inevitable. Luciana Rubinska advirtió que la discusión podría generar divisiones dentro del peronismo, con sectores que apoyan modernizar el Código y otros que rechazan el endurecimiento punitivo.
El Gobierno planea enviar el proyecto al Parlamento una vez cerrado el capítulo de la reforma laboral. Si avanza, el debate no solo será jurídico: pondrá sobre la mesa qué modelo de castigo y seguridad quiere construir la Argentina en los próximos años.
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