Novedades en la causa de extorsiones vinculadas a la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Tras la captura por una presunta banda de extorsiones, el Municipio dispuso la cesantía inmediata de Karen Yael Cufré y aseguró que no recibió oficios judiciales ni alertas previas.

El nombre de Karen Yael Cufré quedó asociado a una causa federal que creció en impacto público por su conexión con la muerte del soldado Rodrigo Gómez, hallado sin vida el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. Con esa detención en curso, el Municipio de Morón resolvió su despido y, al mismo tiempo, buscó explicar qué información tenía sobre su empleada y qué pedidos llegaron —o no— desde la Justicia.

La medida municipal, según el texto fuente, se tomó apenas se confirmó que la trabajadora estaba privada de su libertad. El secretario de Seguridad local, Damián Cardoso, lo planteó en términos operativos y sin rodeos: “Apenas tomamos conocimiento de que estaría detenida… y de forma inmediata decidimos la cesantía”. En el mismo tramo, el funcionario la vinculó con la investigación por la muerte del soldado, un expediente que avanza sobre una presunta estructura de extorsión digital.

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Cufré, de acuerdo con la información consignada, había sido incorporada “de forma temporaria” en septiembre del año pasado para cumplir funciones en la órbita de la Central de Monitoreo. Ese dato, por sí solo, vuelve más sensible la discusión pública, porque la causa investiga maniobras con llamados, amenazas y suplantación de identidades que se apoyaban en tecnología y comunicaciones.

El caso que derivó en allanamientos y detenciones se centra en una modalidad de extorsión vinculada a una app de citas. Según el texto fuente, la banda habría presionado al soldado para exigirle dinero a cambio de frenar una supuesta causa penal originada en mensajes con una supuesta menor. En esa secuencia, la extorsión aparece como un elemento determinante para comprender el desenlace, aunque la investigación judicial todavía ordena responsabilidades y roles específicos.

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La detención del grupo donde se ubica a Cufré se conoció el 9 de febrero, más de 40 días después del hallazgo sin vida del soldado. Ese día, siempre según el texto, el Gobierno informó que el agente del Ejército había quedado atrapado en una red de extorsionadores que lo presionaba para que entregara dinero. La captura fue dispuesta por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y la ejecutó la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).

Desde Morón, Cardoso sostuvo que el municipio no recibió comunicaciones formales que anticiparan el cuadro o que pidieran información previa. Lo expresó con una frase que busca fijar posición institucional: no les llegó “ningún pedido, ni ningún oficio de ninguna fuente judicial” luego de las detenciones. También remarcó que no hubo solicitudes concretas vinculadas a reportes internos, y lo amplió: “Tampoco nos pidieron ningún informe particular del momento”.

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En el mismo sentido, el funcionario dijo que no existieron requerimientos vinculados a alertas o evaluaciones que pudieran anticipar conductas. Su definición incluyó un detalle relevante para la discusión: “no les solicitaron ninguna alerta temprana, ningún informe social… y por supuesto carece de antecedentes penales”. Esa línea busca explicar por qué el municipio no detectó señales internas que encendieran una alarma, aunque el impacto público del caso volvió inevitable la pregunta.

Un punto delicado apareció cuando se mencionó la posible función de la trabajadora dentro de la presunta organización. El texto cita a un portal local que habló de “apoyo logístico a la organización” y dejó abierta la hipótesis de que algunos llamados podrían haberse realizado desde el centro de monitoreo de Morón. Esa posibilidad expone un interrogante sobre recursos, accesos y trazabilidad de comunicaciones, aunque aún requiere confirmación judicial.

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Cardoso, sin embargo, rechazó esa variante y precisó dónde trabajaba la agente municipal. Según su versión, Cufré no estaba en el centro operativo, “sino que era franquera en una posta policial” en la plaza Alsina de Villa Sarmiento, y desde allí solo contaba con imágenes “de los alrededores del lugar”. Con esa aclaración buscó separar la infraestructura central de monitoreo de cualquier utilización indebida vinculada a la extorsión.

La investigación, por su parte, se ancla en una carta que habría dejado el soldado y que orientó el trabajo pericial. El texto señala que en ese escrito se mencionaba la aplicación Evermatch, y que, tras el análisis, se concluyó que las supuestas mujeres con las que chateaba no existían. La operatoria se atribuye a personas detenidas en penales bonaerenses, principalmente Magdalena y Olmos, desde donde gestionaban perfiles falsos y amenazas.

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Con los datos reunidos, se realizaron allanamientos la noche del 8 de febrero y se completaron siete detenciones. El texto también menciona la aparición de audios que darían cuenta del modo de operar. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva informó el traslado de los detenidos al sistema federal, con un régimen más estricto: “régimen de Alto Riesgo, aislados y sin contacto, sin celulares y sin privilegios”.