Desde el Gobierno aseguran que "no es nueva la crisis de Fate" y hablan de "leyes laborales arcaicas"

La Secretaría de Trabajo citó a la empresa y al gremio a una audiencia virtual a las 12.30, mientras el Gobierno apunta contra el sindicalismo combativo y evita hablar de importaciones.

La mañana arrancó con una convocatoria formal y una señal política clara: la Secretaría de Trabajo llamó a FATE y al Sutna a una audiencia de conciliación para este miércoles a las 12.30, en formato virtual. El encuentro aparece como el primer intento institucional de encauzar un conflicto que ya se trasladó a la puerta de la planta. En el medio, queda el dato más pesado: más de 900 puestos que se perderían en la fábrica de San Fernando.

En la Casa Rosada, el mensaje oficial se ordenó alrededor de una idea: la crisis no empezó ahora. Una alta fuente del Gobierno sostuvo que “no es nueva la crisis de FATE” y ubicó el problema en años de pelea gremial y reglas laborales que, según esa lectura, trabaron la actividad. En ese marco, también apareció la expresión “leyes laborales arcaicas” como parte de la explicación que el Ejecutivo elige poner en primer plano.

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El Gobierno, además, vinculó ese diagnóstico con el debate legislativo que impulsa en el Congreso. La misma fuente afirmó que buscan una modernización laboral para “generar más empleo” y “combatir el trabajo en negro”, en una referencia a lo dicho por el ministro Luis Caputo. En esa línea, desde el oficialismo insisten en que el conflicto de FATE se lee como un caso testigo para justificar cambios más amplios.

El relato oficial sumó dos elementos que tensionan el vínculo con el sindicato. Por un lado, se indicó que “desde 2019 afrontaban un plan preventivo de crisis” y que durante 14 meses los empleados no recibieron aumentos, según la fuente citada. Por otro, en el Gobierno hablaron de “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas” y afirmaron que “llevaron a la empresa a una situación terminal”, en alusión al Sutna y a su conducción.

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Mientras se esperaba la instancia en Trabajo, el conflicto escaló dentro de la planta. El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, alineado con el Partido Obrero (PO), fue detenido por la mañana durante la protesta y luego liberado, según se informó. Ese episodio sumó un capítulo operativo a una crisis que ya se movía entre negociaciones laborales, tensión sindical y definiciones empresarias.

En paralelo, el Gobierno evitó poner el foco en un dato que la propia empresa mencionó en su comunicación: la presión de importaciones. En el texto de referencia, se remarcó que desde la Casa Rosada no hubo menciones a la “ola importadora”, con especial señalamiento hacia China, que “puso en jaque” a fabricantes del sector. En cambio, el eje oficial quedó en el cumplimiento de los pasos formales y la salida indemnizatoria.

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Sobre ese punto, desde el Ejecutivo plantearon una expectativa baja respecto de una marcha atrás. En Casa Rosada y en la Secretaría de Trabajo señalaron que las chances de revertir el cierre resultan mínimas porque “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”. A la vez, agregaron: “Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”, incluyendo el pago correspondiente a 920 empleados.

El cierre empresarial también aparece explicado desde la lógica de “cambio de escenario”. En su comunicado, FATE expresó: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Esa frase se leyó, en el mismo texto fuente, en relación directa con la apertura comercial impulsada desde 2024.

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Por ahora, la audiencia aparece como el único punto de encuentro formal entre las partes en un contexto de protesta y definiciones ya tomadas. El Gobierno remarcó su enfoque general al afirmar que “el Gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, sin que hubiera pronunciamientos públicos inmediatos de funcionarios en redes. Con la planta ubicada en Blanco Encalada al 3000, en Victoria, el conflicto quedó instalado con un dato central: la discusión sobre responsabilidades ya empezó, pero el desenlace laboral sigue abierto.

Fuente: LA NACION.