El dirigente mercantil cuestionó el artículo que habilita recortes de entre 25% y 50% ante enfermedades o lesiones fuera del trabajo y pidió frenar el texto actual.
La discusión por la reforma laboral sumó un punto sensible: la posibilidad de descontar parte del salario cuando un trabajador se enferma o sufre una lesión fuera del ámbito laboral. El dirigente mercantil Alfredo Béliz salió a marcar el límite con una frase que buscó ordenar el debate desde lo humano. “Enfermarse no es delito”, sintetizó, al advertir que el artículo en cuestión convierte un problema de salud en castigo económico.
Béliz apuntó al núcleo del proyecto que se debate en el Congreso y que, según describió, abre la puerta a recortes que van del 25% al 50% del sueldo según el origen del hecho y la situación del trabajador. En su planteo, el texto rompe con el criterio vigente de la Ley de Contrato de Trabajo, que reconoce el cobro íntegro ante enfermedad o accidente. Desde esa comparación, pidió frenar el avance tal como está redactado.
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El dirigente enmarcó su postura dentro de una lectura más amplia sobre el rumbo del sistema laboral. “Tal cual como lo venía advirtiendo desde el año pasado: viene un sistema laboral que quita derechos y baja salarios. Por eso hay que pensarlo en serio y discutir nuevas leyes que protejan, no que castiguen”, afirmó. En esa línea, cuestionó que el debate se centre en ajustar por sospechas y no en garantizar un piso de protección.
Para Béliz, el problema de fondo aparece cuando el texto corre el eje desde la salud hacia la desconfianza. “Se pierde el humanismo”, sostuvo, y rechazó que el esquema se justifique con la idea de un uso abusivo de certificados. En su mirada, ese razonamiento instala un prejuicio general que termina pagando el trabajador común.
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El dirigente bajó el debate a escenas concretas y discutió el alcance real de los recortes. “Si por fuerza mayor un trabajador debe cuidar a su madre con problemas de salud, se lo empuja a una situación límite”, expresó, al describir el impacto doméstico que produce cualquier baja de ingresos. Desde ahí, sumó que, si además ese trabajador se enferma, la reforma habilita que cobre menos, con escalas que consideró injustas.
En ese punto, Béliz detalló cómo opera el recorte según la interpretación del proyecto. “La reforma habilita que le paguen solo el 75% del sueldo, o el 50% si se encuadra como ‘actividad voluntaria y consciente’”, dijo, al cuestionar la amplitud de esa categoría. También marcó inconsistencias en los tiempos: “Encima, fija plazos distintos -de 3 a 6 meses- según si hay personas a cargo. No tiene coherencia”, remarcó.
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La polémica volvió al centro luego de declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien anticipó que el oficialismo evalúa cambios para preservar el 100% del salario en enfermedades graves, aunque defendió el espíritu del artículo con el argumento de combatir irregularidades. Para Béliz, ese enfoque deja afuera situaciones ajenas a la voluntad de quien trabaja. “Si te roban y te lastiman volviendo a tu casa, también te descontarían por algo que no provocaste”, planteó, como ejemplo de cómo el recorte puede caer sobre víctimas de hechos externos.
Sobre los certificados apócrifos, el dirigente marcó una diferencia tajante entre perseguir delitos y castigar en bloque. “Si existen clínicas o profesionales que emiten certificados falsos, hay que actuar con controles y sanciones, pero sin trasladar el costo al conjunto de los trabajadores mediante recortes salariales”, señaló. En esa parte, pidió apuntar a la fiscalización y a las sanciones específicas, sin usar el atajo del descuento generalizado.
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Béliz también puso el foco en el costo directo de enfermarse, en especial por los medicamentos, y advirtió que un recorte salarial complica tratamientos, estudios y consultas. En ese marco, recordó que muchas coberturas de obras sociales no alcanzan para absorber todo el gasto y que el trabajador termina pagando una parte relevante de su bolsillo. Con esa descripción, insistió en que el debate requiere medir el impacto real en los hogares y no quedarse en una lógica punitiva.
En su cierre, Béliz insistió en que el texto no moderniza el mundo del trabajo si recorta garantías básicas. “Cobrar el salario completo durante una enfermedad es una garantía básica del trabajador”, sostuvo, y pidió que el Congreso discuta alternativas que no descarguen el ajuste sobre el momento de mayor vulnerabilidad. Su advertencia dejó planteado que la reforma, tal como aparece en el artículo cuestionado, abre un conflicto que excede lo laboral y se mete de lleno en la vida cotidiana.
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