Capitanes de pesca adhieren al paro y cuestionan puntos centrales de la reforma laboral

El gremio anunció un paro nacional de 24 horas cuando el proyecto llegue al recinto. Pide cambios, defiende convenios y reclama una ofensiva real contra el trabajo en negro.

La discusión por la reforma laboral agregó un actor con peso propio en el mundo marítimo y pesquero: la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca. En un comunicado difundido este 18 de febrero de 2026, el sindicato confirmó que acompañará la medida de fuerza impulsada por la CGT cuando el proyecto se trate en el Congreso. La decisión, según plantearon, se apoya en artículos que consideran lesivos para derechos laborales y para el esquema de negociación colectiva.

El gremio eligió un formato directo para fijar postura: adhesión y advertencia sobre el contenido del texto en debate. “ha resuelto adherir a la medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.)”, señala el comunicado, con un rechazo explícito a “aspectos cuestionados” del proyecto. La referencia no se reduce a una consigna general, porque vincula la medida con el tratamiento legislativo del tema. 

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La herramienta anunciada es un paro nacional, pero con una particularidad: su fecha queda atada al día en que el Congreso ponga el proyecto en agenda. “adherir al paro nacional de 24 hs., a llevarse a cabo el día en que se dé tratamiento al mencionado proyecto de ley”, precisaron. De ese modo, el sindicato busca que el impacto y el mensaje político coincidan con la instancia de definición parlamentaria. 

En el centro del reclamo aparece una lista de temas sensibles que, para la conducción, no deberían quedar como están. El comunicado pide que los diputados introduzcan “las modificaciones necesarias” y advierte sobre cambios que “conculquen derechos laborales” en áreas como enfermedades laborales, indemnizaciones y registración laboral, además de aspectos vinculados a libertad sindical y negociación colectiva. La crítica apunta a lo que ya salió del Senado y ahora se encamina a Diputados. 

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El texto no se limita a marcar qué rechazan: también define qué esperan de la política. “instando a los Sres. Diputados Nacionales a introducir las modificaciones necesarias al proyecto”, expresa, y fija un límite: “dejando de lado aquellas modificaciones violatorias de la libertad sindical y de la negociación colectiva”. En esa frase, el gremio blinda dos pilares que considera no negociables para el trabajo organizado. 

En paralelo, la asociación corre el eje hacia un problema estructural que, según su lectura, el proyecto no resuelve y hasta podría agravar. “Instamos al Gobierno Nacional a encarar una verdadera lucha contra el trabajo en negro y la evasión fiscal”, plantea el documento, y reclama que se promueva empleo registrado. La idea es nítida: la salida, dicen, no pasa por recortar garantías sino por ordenar la informalidad y la recaudación. 

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El comunicado también se mete en una discusión incómoda: quién carga con la responsabilidad por los niveles de informalidad. “No somos los trabajadores los responsables del 50% de trabajo en negro”, sostiene el texto, y apunta al rol del Estado “en sus diferentes estamentos” y a “nefastas políticas” tributarias acumuladas “desde hace décadas”. En esa mirada, el problema excede un gobierno puntual y se conecta con reglas fiscales y con la forma en que se aplica la normativa vigente. 

A esa acusación le suman otro elemento que, según el gremio, alimenta el deterioro: la incertidumbre para hacer valer derechos. El documento menciona “la inseguridad jurídica al momento de aplicar la normativa laboral hoy vigente”, como parte del cuadro que empuja a la informalidad y a la evasión. La crítica vuelve a ser doble: cuestiona el rumbo del proyecto y también el desempeño histórico de los tres niveles del Estado en materia tributaria. 

La firma al pie del comunicado deja en claro quién conduce esta posición gremial y quién queda al frente del mensaje hacia el Congreso. El texto está rubricado por Jorge Frías, identificado como “Secretario General Nacional”. Con el paro atado al día de tratamiento legislativo, el sindicato busca que el debate se dé con presión pública y con un pedido puntual: modificar lo que consideran regresivo y discutir el empleo registrado como prioridad.