Victoria Villarruel quedó en la mira "por K" y la Casa Rosada amenaza con quitarle un poder fundamental

Política18/02/2026

El Gobierno dice que la vice “le quiere dar más lugares al kirchnerismo” en comisiones del Senado y analiza llevar al recinto una atribución que hoy delega.

La tensión entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel subió un escalón en el Senado y ya no se limita a cruces políticos: ahora aparece una advertencia concreta sobre reglas internas y reparto de poder. En el oficialismo la acusan de operar en favor del peronismo y dejan abierta una medida que, si prospera, cambia el tablero del día a día parlamentario. El centro del conflicto son las comisiones, donde se definen dictámenes y se ordena la agenda real de la Cámara alta.

El episodio que disparó la bronca libertaria se vinculó a la comisión de Acuerdos, la que trata pliegos de jueces, militares y diplomáticos. En un movimiento que el Gobierno calificó como inesperado, ingresó a esa comisión la senadora peronista por Tucumán Sandra Mendoza, hoy alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo. Hasta ese momento, los senadores peronistas que articulan en el interbloque Popular, conducido por José Mayans, resistían integrarse a comisiones por considerar insuficientes los lugares asignados.

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La situación se cargó de un detalle político: las notas de integración no llevaron la firma de Villarruel. Según el texto fuente, las rúbricas quedaron en manos del presidente provisional del Senado, el libertario puntano Bartolomé Abdala, alineado con la Casa Rosada y con reelección prevista para el miércoles 24 en ese puesto. En el mismo movimiento, la bancada Convicción Federal envió al catamarqueño Guillermo Andrada a Relaciones Exteriores y Culto y a Mendoza a Acuerdos, en un reacomodamiento que achicó los asientos disponibles.

En el corazón del oficialismo plantean que la negativa de Villarruel a firmar no fue un formalismo, sino una señal. Desde la mesa política libertaria lo expresan sin vueltas: "Villarruel no quiso firmar las notas. Ella le quiere dar más lugares al kirchnerismo en las comisiones, y es algo que no vamos a aceptar". La disputa, además, se apoya en la discusión por la proporcionalidad de los bloques y por cuántas sillas le corresponden al peronismo en las comisiones relevantes.

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Con ese marco, en el Gobierno ya mencionan una opción de máxima: quitarle a Villarruel la atribución de nombrar a los integrantes de las comisiones. El texto cita el artículo 14 del reglamento del Senado, que establece que en la primera sesión la Cámara “por sí, o delegando esta facultad en su presidente”, nombra o integra comisiones permanentes. La lectura libertaria apunta a cortar la delegación y que sea el recinto el que tome las definiciones, un golpe directo a la vicepresidenta en su rol institucional.

La pelea también muestra una discusión de números y mayorías que circula como munición política. En la nota se recuerda una frase atribuida a Villarruel en un diálogo con Patricia Bullrich: "Acá las reglas las pone el que tiene 37 votos", en alusión a la mayoría simple del Senado. En la Casa Rosada responden con ironía y un conteo distinto: "Pero ahora que con los aliados sumamos 44 y el peronismo tiene 28, a ella no le gusta más el 37", deslizan, marcando que el oficialismo se siente más cómodo con el respaldo de socios parlamentarios.

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Mientras tanto, el peronismo debate su estrategia en una reunión del interbloque Popular prevista para este miércoles, con la sesión preparatoria del martes 24 como fecha de fondo. El dilema pasa por decidir si se incorporan a comisiones aun con minoría marcada o si sostienen la protesta por el reparto, que consideran injusto. Un referente del PJ lo resumió con una definición cruda sobre el rol que temen ocupar: "Ellos tienen la mayoría, pueden sacar dictamen sin necesidad de que estemos nosotros", en un clima donde conviven posiciones distintas dentro del bloque.

En paralelo a la disputa por comisiones, el oficialismo deja señales de apuro en el capítulo judicial. Según el texto, el plan de la Casa Rosada es enviar en marzo pliegos de 50 jueces y fiscales, con menciones a cargos en Comodoro Py. El Gobierno se muestra envalentonado después de la reforma laboral aprobada en el Senado por 42 votos a favor y 30 en contra, y mira el número que habilita dos tercios (48) para designaciones sensibles como Corte y Procuración.

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La nota también menciona versiones sobre un eventual insistir con el pliego de Ariel Lijo para la Corte, aunque en el oficialismo lo niegan: "Nadie está hablando de Lijo ni de la Corte", dijeron. Ese tramo convive con otro frente institucional, el recambio de representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), con cargos codiciados y mandatos de ocho años. Allí aparecen nombres en danza: por el peronismo, Javier Fernández; por el oficialismo, Santiago Viola; por la UCR, Luis Naidenoff, en un reparto donde el PJ conservaría menos poder por la caída de su bancada.