Tras la reforma laboral, el Gobierno va por la ley universitaria en marzo

El oficialismo quiere sancionar en la primera semana de sesiones ordinarias un nuevo esquema de financiamiento que ajusta gastos por inflación y fija subas salariales en tres tramos.

Con la reforma laboral ya aprobada en Diputados, el Gobierno apunta ahora a otro frente sensible: el financiamiento de las universidades públicas. La Casa Rosada buscará que en la primera semana de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley que reformula la normativa 27.795.

El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y fue elaborado en despachos de Balcarce 50. En su redacción participaron la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y la Subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro Álvarez, dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

En el entorno de Javier Milei transmiten optimismo respecto del tratamiento parlamentario. Confían en que, con el respaldo de aliados, la iniciativa pueda avanzar junto con otros proyectos considerados prioritarios para este año, como la reforma tributaria que el oficialismo define como un ordenamiento del sistema impositivo.

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El texto propone modificar el esquema de actualización presupuestaria. El artículo 3° establece que los gastos de funcionamiento se ajustarán por la inflación medida por el IPC del INDEC cuando supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual en la confección del Presupuesto 2026. Si la inflación real supera ese umbral, se actualizarán los créditos destinados a funcionamiento, hospitales universitarios y actividades de ciencia y técnica.

En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario. La norma indica: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”. El monto apunta a sostener el funcionamiento de los hospitales escuela.

En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición para docentes y no docentes correspondiente a 2025 que se abonará en 2026. El esquema contempla tres incrementos del 4,1% cada uno —en marzo, julio y septiembre— sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que totaliza un 12,3%. Además, obliga al Ejecutivo a convocar paritarias dentro del mes posterior a la sanción, con una periodicidad no mayor a tres meses.

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La norma aclara que “dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, estableciendo un marco formal de negociación. Desde el Gobierno sostienen que la ley busca dar previsibilidad presupuestaria y ordenar el esquema de financiamiento sin desbordes fiscales.

Sin embargo, las primeras críticas ya se hicieron públicas. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, afirmó que el proyecto “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”. El dirigente sindical reclamó el cumplimiento pleno de la ley vigente y advirtió que podrían impulsarse medidas de fuerza.

Perazzi sostuvo que el financiamiento debe respetar lo dispuesto por el Parlamento y ratificado en distintas instancias judiciales. En ese sentido, anticipó: “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”. El debate parlamentario comenzará en marzo y promete tensiones entre el oficialismo y los gremios docentes.