La Ley de Glaciares no es solo de atención local, sino que genera expectativa política internacional

El pacto con EE.UU. por minerales críticos cambia el telón de fondo de la Ley 26.639: el nudo pasa por el inventario y la autoridad técnica en zonas periglaciares.

La discusión por la Ley de Glaciares dejó de girar solo alrededor de la minería y el ambientalismo, y empezó a cargarse de otra tensión: la que trae la competencia global por minerales críticos. En las últimas semanas, esa capa internacional se volvió más visible con la publicación, el 4 de febrero, del texto del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” firmado entre Argentina y Estados Unidos, y con el empuje de Washington para asegurar cadenas de suministro en Occidente.

El dato que empuja el contexto aparece con nombre propio: el lanzamiento del Proyecto Vault (Bóveda), una reserva estratégica de minerales críticos valuada en casi 12.000 millones de dólares, que el texto menciona como parte del movimiento estadounidense. En ese marco, la Argentina asumió compromisos vinculados al acopio y a la generación de información geológica estratégica, con el ministro Pablo Quirno como protagonista de los compromisos planteados en la nota. A la vez, el canciller estadounidense Marco Rubio puso un sello político a esa lectura cuando destacó el valor geopolítico del país “por su geología, ubicación y pertenencia al hemisferio occidental”.

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Con esa foto internacional sobre la mesa, el debate local por la Ley 26.639 entra a otro terreno. En diciembre de 2025, el Gobierno consiguió dictamen para modificarla y ya en ese momento el tema no quedaba exento de polémicas, con la clásica grieta entre protección ambiental y desarrollo minero. Dos meses después, la discusión se amplía porque la reforma convive con una estrategia de inserción internacional que busca atraer inversiones y ordenar el mapa de recursos.

El comunicado oficial que difundió Cancillería dejó trazada esa línea y la nota lo cita de manera textual: “Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la República Argentina y los Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”. En el mismo tramo, el texto agrega el objetivo político-económico con otra definición directa: la iniciativa busca “consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”. Ese movimiento internacional, señala la fuente, modifica el contexto en el que se discute Glaciares.

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El corazón del conflicto, sin embargo, no se resuelve en un discurso general sobre minería o ambiente, sino en una pieza técnica concreta: quién define científicamente qué entra y qué no entra en el Inventario Nacional de Glaciares, y con qué criterios se delimita el ambiente periglaciar. La reforma impulsada por el oficialismo no borra formalmente la protección, pero propone desplazar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA – CONICET) como autoridad técnica central del inventario, y reforzar el rol provincial en identificación, delimitación y auditoría.

Ahí aparece la tensión que ordena las posiciones. Para el oficialismo, la reforma corrige “indefiniciones” que frenan inversiones, y esa mirada se apoya en una idea de federalismo con provincias más activas en el control del territorio. Para los críticos, el riesgo pasa por fragmentar el estándar técnico y abrir un posible conflicto de interés, porque las mismas jurisdicciones que promueven proyectos mineros quedarían con más peso al momento de definir límites de protección en áreas sensibles.

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Esa alarma técnica empujó movimientos políticos concretos. La oposición empezó a reorganizarse alrededor del rol del IANIGLA y del peso del inventario, con un viaje a Mendoza de los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Adriana Serquis para reunirse con investigadores del instituto y del Centro Científico Tecnológico local. La Coalición Cívica sostiene, según el texto fuente, que la ley vigente no impide desarrollo económico y que modificarla en un contexto de crisis climática global representa un retroceso ambiental y un riesgo para reservas estratégicas de agua.

Mientras tanto, el oficialismo arma su defensa con dos pilares: federalismo y oportunidad económica. En esa línea, la nota menciona respaldos explícitos de gobernadores mineros como Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), que defendieron públicamente la necesidad de combinar protección ambiental con expansión minera, con énfasis en empleo formal y diversificación productiva. El debate ya no queda solo en el plano legislativo: se conecta con decisiones provinciales, con expectativas de inversión y con un clima global que presiona por litio, cobre y otros recursos estratégicos.

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En el fondo, la discusión retoma el sentido original de la ley: la Ley 26.639 definió a los glaciares como reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura y biodiversidad, creó el inventario y prohibió actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares. La reforma podría alterar la autoridad técnica nacional, reconfigurar el alcance de prohibiciones y cambiar la lógica de control ambiental en zonas cordilleranas, con dos modelos en disputa: estándares nacionales homogéneos o descentralización provincial con énfasis en desarrollo minero estratégico.

La definición legislativa suma expectativa inmediata porque el texto anticipa que el Senado avanzará en un clima donde el debate ya no se explica solo por el mapa interno. La pregunta de fondo, tal como queda planteada en la fuente, no se agota en minería sí o no: pasa por la gobernanza del conocimiento técnico, por el valor estratégico del agua en la cordillera y por la forma en que Argentina elige jugar su lugar en la carrera global de minerales críticos sin licuar criterios científicos.