“No se puede legislar sin conocer”: la pesca exige reglas claras y competitividad real
Chubut24/02/2026
REDACCIÓNDamián Santos analizó proyectos en la Legislatura, el impacto del acuerdo Mercosur–UE y advirtió que cambios sin coherencia pueden afectar inversiones y competitividad exportadora.
La agenda pesquera dejó de estar concentrada exclusivamente en capturas y temporadas. Hoy atraviesa discusiones comerciales, fiscales y legislativas que definen su viabilidad económica. En diálogo con #LA17, Damián Santos, CEO del Grupo Pesquera San Isidro y figura central de CAPIP, planteó que el sector necesita reglas previsibles y decisiones informadas, tanto en el plano internacional como en el provincial.
Uno de los ejes más sensibles es el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Santos expresó expectativa por su concreción, pero marcó una advertencia concreta: la competencia internacional no espera. Si exportar desde Argentina resulta más gravoso que hacerlo desde otros países, la desventaja se vuelve estructural. “Este acuerdo con el Mercosur ojalá se termine dando porque hace que sea más gravoso exportar de Argentina a Europa que de Ecuador a Europa”, señaló.
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La diferencia de costos, explicó, no es un detalle técnico sino una variable determinante en un mercado donde la industria exportadora no fija precios. “Nosotros no somos formadores de precios, no podemos especular con el precio, no podemos dañar al consumidor interno. Simplemente hacemos un producto, buscamos los mejores mercados, y eso define un precio y tenemos que definir una ecuación hacia atrás”, detalló.
Esa ecuación se complica cuando la presión fiscal es elevada. Según sostuvo, la pesca compite con países que no aplican derechos de exportación en estos productos. “Somos uno de los pocos países que tiene derecho a la exportación, quizás el único en productos pesqueros, entonces cuando salimos ya no somos competitivos”, afirmó. El impacto se traslada a costos internos y limita capacidad de expansión.
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Consultado sobre la realidad del sector, reconoció que observa cierres de empresas y movimientos hacia el mercado interno, aunque fue prudente al delimitar su análisis. Prefirió no generalizar sobre situaciones que no maneja directamente, diferenciando los temas que conoce en profundidad de los que exceden su rol específico.
En paralelo, la discusión provincial suma proyectos legislativos que también preocupan al sector. Entre ellos, iniciativas vinculadas a la tasa de dragado portuario. Sobre ese punto, Santos estableció una línea conceptual clara: el Legislativo tiene la obligación de informarse y convocar a los actores involucrados antes de decidir.
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En cuanto al dragado, lo calificó como estratégico para Rawson y para la industria provincial. Aclaró que no analizó el proyecto en detalle, pero sostuvo que debería acompañarse si es razonable. El acceso portuario, la operatividad y la infraestructura impactan directamente en la competitividad.
Allí introdujo el tema de la seguridad jurídica. Recordó que la provincia otorgó derechos a permisionarios que invirtieron en base a esa normativa. Cambiar reglas en plazos cortos puede generar incertidumbre. Para el inversor, explicó, la previsibilidad es un activo tan importante como la rentabilidad.
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El método de trabajo, a su juicio, debería evitar apuros. “La urgencia no está”, afirmó al referirse a estos proyectos, y propuso convocar cámaras empresariales y especialistas legales antes de sancionar normas.
En un contexto donde la industria exportadora compite en mercados globales y enfrenta discusiones regulatorias internas, Santos insiste en un punto central: las decisiones políticas no pueden tomarse desconectadas de la realidad productiva. La competitividad no depende solo del precio del langostino, sino del entramado completo de reglas, costos y acuerdos que definen la posición argentina en el mercado internacional.
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