La pesca volvió a sentarse cara a cara con el poder político. Este martes, a las 18, las principales cámaras del sector participaron de una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador Ignacio Torres y parte del Ejecutivo provincial. El encuentro marcó un giro en el vínculo entre las empresas y la Provincia, en medio de proyectos que impactan de lleno en la actividad.
En la mesa estuvieron dirigentes de CAPIP, CAFACH, la Cámara de Artesanales y referentes independientes. La convocatoria partió de la Secretaría de Pesca, que ahora conduce Diego Brandan, y el eje pasó por tres iniciativas que ya generan debate en el sector.
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La discusión principal giró en torno al borrador del proyecto conocido como “Ficha Limpia Pesquera”, una propuesta que busca endurecer los requisitos para otorgar y sostener permisos. La iniciativa incorpora sanciones ligadas al cumplimiento fiscal y otras obligaciones administrativas, y su redacción todavía está en revisión.
Durante la reunión también se analizó la creación de una nueva tasa destinada a financiar el dragado del puerto de Rawson. El Ejecutivo presentó la semana pasada el proyecto en la Legislatura y plantea que el fondo sea financiado íntegramente por la flota para asegurar la operatividad del puerto capitalino.
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El tercer punto en agenda se vinculó con las denominadas “artes de espera”, una modificación sensible para embarcaciones menores de Caleta Córdova. La propuesta permitiría que barcos que hoy operan con espinel y trampas puedan incorporar redes de arrastre y, en algunos casos, cambiar su zona de pesca hacia áreas como Camarones.
Desde el sector empresario valoraron la instancia de diálogo, aunque dejaron planteadas objeciones. “Es importante que se nos convoque. De nada sirve enviar proyectos a la Legislatura que tengan vicios de inconstitucionalidad, quiten derechos o generen herramientas que retrotraigan la actividad. La pesca viene creciendo, se sostiene el empleo y hay mucho para mejorar. Por eso es clave discutir estos temas antes de avanzar”, expresó uno de los convocados.
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El respaldo más claro apareció en torno al control fiscal, pero con límites marcados. “Que se exija estar al día con los impuestos me parece bien. Los impuestos que están hay que pagarlos, más allá de que la presión tributaria sea altísima. Pero cuando se habla de quitar permisos, ahí se pone en juego la seguridad jurídica. Una embarcación en Rawson cuesta alrededor de 5 millones de dólares. Nadie va a invertir si no tiene previsibilidad”, advirtieron.
La preocupación central apunta a la posibilidad de que se habiliten mecanismos discrecionales para suspender o retirar permisos. Las empresas recordaron que las embarcaciones cuentan con dos licencias: una nacional, sin vencimiento, y otra provincial, que requiere renovación periódica. En ese esquema, cualquier herramienta que permita quitar habilitaciones “a dedo” abre un escenario de incertidumbre en un sector que moviliza millones de dólares por temporada.
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El debate técnico se cruza además con un clima político más complejo. La aparición del bloque legislativo “Chubut Unido”, integrado por los diputados Sergio González y Mariela Tamame, agrega tensión al tratamiento parlamentario de las iniciativas.
La reunión no cerró definiciones, pero dejó en claro que la pesca quiere discutir cada punto antes de que los proyectos avancen en el recinto. Con inversiones millonarias en juego y el puerto de Rawson como pieza estratégica, la discusión recién empieza.
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