La Inspección General de Justicia va por los números de la AFA y pide veedores para revisar sus cuentas

Actualidad25/02/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El organismo de control solicitó al Ministerio de Justicia enviar representantes a la entidad que preside Claudio Tapia para auditar balances, contratos y la creación de la Universidad de la AFA.

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte

La Inspección General de Justicia (IGJ) dio un paso que impacta de lleno en la estructura administrativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A través de una resolución particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, el organismo pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a documentación contable y financiera que, según sostuvo, fue requerida y no entregada.

La medida no implica una intervención plena, sino una veeduría con objetivos concretos. Los representantes que eventualmente se designen deberán “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos”.

Uno de los ejes centrales será el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025. El examen incluirá cuentas, partidas y la verificación del cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas, con una mirada puesta tanto en la consistencia contable como en el comportamiento fiscal de la institución.


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La auditoría también pondrá la lupa sobre la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto educativo en trámite que supone una expansión institucional de la entidad. Los veedores deberán revisar operaciones patrimoniales y financieras vinculadas a la iniciativa, adquisición de inmuebles y bienes, contratación de autoridades y convenios celebrados con universidades u otros terceros, con foco en la trazabilidad de los fondos y la regularidad jurídica de las decisiones.

Otro capítulo sensible será la revisión de las relaciones comerciales y financieras con TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, Sur Finanzas S.A., el denominado Grupo Sur Finanzas y el empresario Ariel Vallejo. La resolución ordena auditar los montos percibidos por TourProdEnter como comercializador de derechos, las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país para reconstruir el flujo financiero completo.

La IGJ remarcó que la veeduría “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno” y que forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley. Vítolo aclaró: “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.


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El pedido se enmarca en un conflicto previo por el domicilio legal de la entidad. La IGJ rechazó la inscripción de un cambio de sede a la provincia de Buenos Aires y sostuvo que la AFA mantiene su administración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, el organismo afirmó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La disputa por la sede no es menor, ya que define qué organismo ejerce el control institucional. Si el traslado se hubiera inscripto, la fiscalización habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Al mantenerse bajo la órbita porteña, la IGJ conserva la potestad de supervisión.

Los veedores contarán con facultades amplias para examinar libros societarios, documentación contable y registros vinculados con su misión. El Ministerio de Justicia deberá ahora definir la designación formal y, en caso de concretarse, se abrirá una etapa de inspección que podría extenderse durante meses.

En paralelo, la conducción de la AFA deberá decidir si colabora con la veeduría o si cuestiona la medida por la vía judicial. El resultado de esa definición marcará el tono de una relación que ya suma tensiones y que ahora coloca en el centro de la escena la estructura financiera del fútbol argentino.

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