Venezuela anunció la libertad de 31 militares y deja otro número sobre la mesa

Política01/03/2026

La Asamblea venezolana dijo que el sistema de Justicia Militar otorgó “medidas alternativas” y afirmó que miles ya recibieron amnistía, con más pedidos en trámite.

En Venezuela, el debate por la amnistía volvió a moverse con un anuncio que tocó un sector sensible: la Fuerza Armada. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional, informó este sábado la excarcelación de 31 militares. La comunicación se difundió a través de sus redes sociales y puso el foco en un mecanismo de liberación bajo condiciones.

El dato central del mensaje fue que la salida de los efectivos se resolvió con un esquema judicial específico. Arreaza sostuvo que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “acordó otorgar medidas alternativas” a los militares procesados. A partir de esa decisión, aseguró que los efectivos “ya se encuentran en libertad”, aunque dentro de un marco que no se presenta como una absolución sino como una modalidad de cumplimiento.

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La referencia a “medidas alternativas” marcó el tono del anuncio y dejó abierta la discusión sobre su alcance real. En la práctica, el comunicado no detalló cuáles son esas condiciones ni el tipo de restricciones que rigen para cada caso. Sí buscó instalar que el beneficio se activó desde estructuras formales de la Justicia Militar, en un escenario donde cada decisión se lee también en clave política.

El anuncio se enlazó con el funcionamiento de una comisión parlamentaria creada para monitorear la aplicación de la norma. Ese organismo se constituyó el 20 de febrero, con el objetivo de desarrollar e implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley. Según el texto difundido, la comisión trabaja en colaboración con el poder judicial y el llamado poder ciudadano, una arquitectura institucional que intenta mostrar coordinación entre áreas.

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Más allá del caso de los militares, Arreaza incorporó cifras que intentan dimensionar el alcance de la amnistía en el país. El viernes, según informó, 4.757 personas ya recibieron el beneficio. En paralelo, indicó que desde la instalación de la comisión se recepcionaron 8.110 solicitudes para aplicar el instrumento legal, lo que sugiere un volumen mayor de pedidos en evaluación.

La brecha entre quienes ya accedieron y quienes solicitaron el beneficio funciona como un indicador de la presión sobre el sistema. El texto no explica cuántas solicitudes fueron rechazadas ni cuántas están en análisis, pero sí deja a la vista que el trámite sigue activo. En ese marco, la salida de 31 militares aparece como un episodio puntual dentro de un proceso más amplio y todavía abierto.

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El punto institucional más relevante del anuncio se apoya en el rol de la Asamblea Nacional. La comisión especial se define como un espacio de seguimiento, y Arreaza ocupa su presidencia, lo que lo convierte en vocero del proceso. Al mismo tiempo, la intervención del Sistema de Justicia Militar muestra que, en el caso de la FANB, la resolución pasa por carriles propios y decisiones que se comunican como medidas alternativas.

En términos políticos, la amnistía se presenta como una herramienta de “convivencia democrática”, tal como la denomina la ley. La comunicación oficial citada no discute casos concretos ni cargos, sino que se concentra en la concesión del beneficio y en el flujo de solicitudes. Esa elección narrativa apunta a ordenar el tema como un proceso administrativo-judicial, aunque el contexto venezolano suele cargarlo de lecturas cruzadas.

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Para el universo militar, el anuncio suma una señal particular: un grupo de procesados recuperó la libertad bajo condiciones, según lo expresado. La falta de detalles sobre las causas o el tipo de procesamiento deja la noticia centrada en la decisión general y no en casos individuales. De todos modos, el número y la fuente del anuncio reactivaron el tema en la agenda pública.

Con la comisión creada hace pocos días y miles de pedidos registrados, el Gobierno parlamentario busca mostrar que el instrumento legal se aplica y se expande. La excarcelación de los 31 militares aparece como un capítulo que se agrega a esa serie de beneficios informados. En adelante, el foco quedará en cómo se resuelven las miles de solicitudes pendientes y qué tipo de “medidas alternativas” se otorgan en cada caso.