Un viejo conflicto en Mari Menuco volvió a escena con cifras que impactan en las cuentas públicas. La comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ inició una demanda por $12.827 millones más intereses y actualización contra el Club Mari Menuco y la Provincia del Neuquén, en un expediente que podría redefinir responsabilidades por el accionar judicial de los últimos años.
El monto, que supera los 9 millones de dólares, surge de un reclamo por daños económicos vinculados a multas diarias, embargos y perjuicios derivados de un proceso iniciado en 2017. El caso no discute hoy la titularidad de la tierra, cuya situación quedó definida tras el relevamiento territorial concluido en 2023, sino las consecuencias financieras de aquellas medidas.
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El eje actual se trasladó al plano institucional. El fiscal jefe Pablo Vignaroli, desde la Oficina de Asuntos Extrapenales del Ministerio Público Fiscal, emitió un dictamen el 12 de febrero donde pidió que el expediente deje de tramitar en el Juzgado Civil N°1, a cargo de María Eugenia Grimau, y pase al fuero contencioso-administrativo.
El planteo no es técnico menor. Según el fiscal, el reclamo central apunta a una eventual responsabilidad del Estado por el funcionamiento del servicio de Justicia, lo que debería analizarse en el ámbito que trata demandas contra la administración pública. Si la jueza acepta el pedido, el juicio cambiará de reglas procesales en plena implementación del nuevo Código Procesal Civil de Neuquén.
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El origen del conflicto se remonta a una medida cautelar dictada en 2017, en el marco de un interdicto promovido por el club contra la comunidad. Ante supuestos incumplimientos, se impusieron astreintes diarias de 10 Jus, es decir, multas económicas por cada día de desacato a la orden judicial de no realizar actos turbatorios en un inmueble de unas 200 hectáreas identificado como remanente del Lote M, Sección I.
Con el correr del tiempo, esas multas derivaron en liquidaciones y ejecuciones que impactaron sobre cuentas bancarias de la comunidad. También se cursaron oficios a YPF para afectar ingresos provenientes de contratos de servidumbre petrolera. Según el planteo de la Lof Kaxipayiñ, los embargos comenzaron por más de $6,3 millones y luego se ampliaron.
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La comunidad sostiene que durante la pandemia de COVID-19 las medidas se profundizaron y afectaron la subsistencia de 33 familias, al inmovilizar fondos que constituían su principal sustento económico. En la demanda mencionan daño directo, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral como consecuencias del accionar judicial.
En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró procedentes los recursos extraordinarios de la comunidad, revocó decisiones de instancias anteriores y ordenó levantar la cautelar y cesar las astreintes devengadas desde agosto de 2019. Sin embargo, según la comunidad, el embargo se mantuvo hasta el 30 de abril de 2025.
Ese punto resulta clave para el reclamo actual. La Lof Kaxipayiñ atribuye responsabilidad tanto al club como al Estado provincial por el funcionamiento irregular del sistema judicial. Allí se inserta la intervención de Vignaroli, quien considera que el análisis debe hacerse bajo las reglas del derecho administrativo.
Si el expediente cambia de fuero, no solo variará el tribunal competente sino también el encuadre jurídico y procesal. En un juicio de semejante magnitud económica, esa decisión puede resultar tan determinante como la resolución final sobre el fondo del reclamo.
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