En San Isidro se realiza una audiencia preliminar con análisis de audios e imágenes del country San Andrés. Dahiana Madrid va a jurado y el 17 de marzo inicia otro juicio.
La causa por la muerte de Diego Maradona vuelve a moverse en San Isidro con una particularidad que no aparece en la mayoría de los expedientes: una parte del caso toma el camino del jurado popular, mientras el resto se prepara para un juicio oral y público con otro formato. Ese desdoblamiento obliga a ordenar pruebas y responsabilidades con una precisión quirúrgica, porque cada instancia define qué llega a discusión y en qué condiciones. En ese contexto se entiende la audiencia preliminar convocada para este lunes.
La jornada se realiza en los Tribunales de San Isidro y comienza a las 10 en Ituzaingó 340, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas. La audiencia apunta a revisar material sensible del expediente, con registros que vuelven a quedar bajo análisis antes de los debates. La escena judicial se concentra en lo concreto: lo que se escucha y lo que se ve.
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Entre los elementos que se revisan aparecen audios vinculados a Maradona y a integrantes del equipo médico, entre ellos la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque. También figura Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla, en el marco de los audios mencionados en el expediente. El peso del material no pasa por su fama, sino por el lugar que puede ocupar en la reconstrucción de decisiones y cuidados.
En paralelo, se evalúan imágenes de la habitación de la casa del country San Andrés, donde encontraron muerto a Maradona el 25 de noviembre de 2020. Ese registro visual queda asociado a una de las discusiones más persistentes del caso: cómo se organizó la internación domiciliaria y qué controles reales existieron. La audiencia, entonces, no se apoya en hipótesis abstractas, sino en documentación que el tribunal vuelve a poner en primer plano.
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Dentro de este tablero, Dahiana Gisela Madrid queda ubicada en una situación procesal singular. La enfermera es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de ese departamento judicial. Ese dato, por sí solo, parte el expediente y obliga a pensar estrategias y pruebas para un juicio que se discute ante ciudadanos y no solo ante jueces técnicos.
Madrid integró el esquema de cuidados junto a Ricardo Omar Almirón, otro de los enfermeros que atendía a Maradona en Tigre. El expediente no discute únicamente la presencia o ausencia de profesionales, sino la calidad de la asistencia y el modo en que se ejecutó la internación domiciliaria. En ese sentido, cada audiencia preliminar opera como una mesa de ajustes: qué se incorpora, qué se depura y qué queda listo para ser discutido.
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Mientras tanto, el calendario marca una fecha que presiona sobre toda la causa: el 17 de marzo comienza el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de “Pelusa”. En ese proceso se determinarán las supuestas responsabilidades de Luque, Cosachov, Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez Nancy Edith Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. La lista muestra un entramado de roles distintos, con decisiones médicas, coordinación y conducción de la asistencia.
La causa llega a este tramo con un antecedente que todavía condiciona el clima judicial. El primer proceso se anuló tras la filmación del documental “Justicia divina”, que el cable atribuye como protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach. Ese episodio dejó una marca institucional, porque obliga a reconstruir orden y credibilidad en un caso de alta exposición pública.
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Por eso la audiencia preliminar de este lunes funciona como una pieza de engranaje entre lo que ya pasó y lo que viene. No es solo una cita en agenda: es una instancia donde se revisan registros de voz y de escena, y donde se termina de acomodar el expediente para dos debates distintos. En un caso que se fragmenta en formatos, cada decisión previa pesa.
En San Isidro, el expediente vuelve al terreno de lo verificable: audios, imágenes, lugar, fecha y responsabilidades en discusión. El movimiento de hoy no define condenas, pero sí ajusta el mapa de prueba con el que cada imputado llega a su instancia. Y en un caso que se encamina a marzo con fechas fuertes, ese trabajo previo marca la diferencia.
Fuente: NA.
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