La ley que protege los glaciares entra en zona de riesgo y divide al Congreso

El oficialismo quiere modificar los límites de las áreas protegidas y habilitar actividades en zonas hoy vedadas. Mañana arranca el debate en Diputados con fuerte tensión política.

El Congreso se prepara para discutir uno de los cambios ambientales más sensibles de los últimos años. La reforma de la Ley de Glaciares ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora desembarca en Diputados con un objetivo claro del Gobierno: flexibilizar el alcance de las áreas protegidas para permitir inversiones en minería e hidrocarburos en zonas que hoy permanecen blindadas. La iniciativa despierta apoyos en provincias cordilleranas y un rechazo frontal de organizaciones ambientalistas.

El proyecto apunta directamente a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010. La normativa actual protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, ecosistemas de alta montaña compuestos por suelos congelados, roca y sedimentos que funcionan como reservorios de agua dulce y reguladores del equilibrio hídrico. La modificación propone un cambio sustancial en esa definición.

El texto oficial busca redefinir qué zonas deben quedar bajo resguardo estricto. En lugar de una prohibición automática sobre toda el área periglaciar, se habilitaría la posibilidad de realizar actividades económicas siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada. En concreto, se plantea distinguir entre aquellas “formas periglaciares” que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no tengan esa función comprobable.

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Esa diferenciación abre la puerta a la exploración y explotación en sectores que hoy están inhabilitados para tareas extractivas. El proyecto mantiene la prohibición absoluta sobre los glaciares, pero no sobre todas las áreas periglaciares, lo que implica un giro relevante respecto del esquema vigente. Para la oposición dura y las organizaciones ambientales, ese cambio debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce vitales para el consumo humano y la biodiversidad.

En paralelo, la iniciativa transfiere mayores facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles habilitar. Ese punto responde a un reclamo histórico de mandatarios de distritos cordilleranos que buscan dinamizar inversiones en minería e hidrocarburos. La aprobación en el Senado, el 26 de febrero, reflejó esa tensión política: el proyecto obtuvo 40 votos afirmativos y 31 rechazos, con el respaldo incluso de dos senadores del bloque peronista, los ex gobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

El nuevo esquema también contempla la creación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Ese organismo deberá individualizar glaciares y formas periglaciares en todo el territorio y establecer cuáles cumplen una función hídrica específica y cuáles no.

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La letra del proyecto mantiene como actividades prohibidas aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares. Entre ellas figuran la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; la exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales en glaciares propiamente dichos. En cambio, seguirán permitidas las investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como el andinismo y la escalada.

El oficialismo buscará este martes a las 10 iniciar el debate en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Aunque la intención del Gobierno es convertir la reforma en ley antes de fin de mes, en el Congreso admiten que la discusión no se resolverá en una sola jornada. La posibilidad de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto la semana próxima permanece abierta.

Detrás de la discusión técnica late una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y la administración de los recursos naturales. La reforma propone un nuevo criterio para delimitar qué porciones de la alta montaña quedan intocables y cuáles pueden integrarse a proyectos productivos. En ese equilibrio entre protección ambiental y actividad económica, Diputados tendrá ahora la última palabra.