Provincia y Municipio revisaron el Servicio de Protección de Derechos en Lago Puelo, con equipos multidisciplinarios ya consolidados. En Esquel, se armó una mesa interinstitucional para coordinar casos.
En Lago Puelo, la discusión sobre niñez dejó de girar solo alrededor de emergencias puntuales y pasó a un terreno más sensible: el de la capacidad real de respuesta cuando aparece una situación compleja. En una reunión de trabajo, Provincia y Municipio evaluaron los avances del Servicio de Protección de Derechos, con un foco concreto en lo que sostienen quienes intervienen en territorio: la estabilidad de los equipos y el modo en que eso impacta en cada caso.
Del encuentro participaron el Ministerio de Desarrollo Humano y el intendente Iván Fernández, junto al equipo local de Niñez. La evaluación se apoyó en una demanda histórica que el propio sistema venía planteando: contar con equipos multidisciplinarios que no se armen y desarmen con el paso del tiempo, porque esa rotación suele romper seguimientos y debilitar la intervención cotidiana.
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En ese marco, desde el Gobierno provincial destacaron que Lago Puelo ya cuenta con equipos consolidados, una condición que permite intervenir de manera más cercana y eficaz. La idea que sobrevuela esa definición es simple: cuando hay continuidad, hay vínculos sostenidos, lectura territorial y capacidad de anticiparse, no solo de llegar tarde. En una localidad cordillerana, esa cercanía también implica conocer dinámicas familiares y redes comunitarias que, en muchos casos, determinan el resultado de una medida de protección.
El planteo oficial también buscó correr el eje de una noticia localizada y presentarlo como parte de un recorrido más amplio. Desarrollo Humano señaló que el fortalecimiento no queda atado a un solo municipio, sino que forma parte de una política pública integral que alcanza a los Servicios de Protección de Derechos de toda la provincia, con el objetivo de saldar de manera progresiva deudas históricas en niñez y adolescencia.
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Una parte central de ese proceso se apoya en el dinero que llega a las áreas y en cómo se traduce en recursos humanos. Según los datos informados, las partidas para Personal Profesional aumentaron un 341,18%, con el argumento de ampliar equipos interdisciplinarios que incluyen Psicología, Trabajo Social y Abogacía. En paralelo, los fondos para Operadores Territoriales registraron un incremento del 400%, apuntando a reforzar el primer nivel de intervención y la presencia directa en territorio.
Además, se mencionó la creación y consolidación del Fondo Especial para la Protección Integral de Derechos, pensado como herramienta para ampliar medidas de protección, acciones socioeducativas, capacitaciones y fortalecimiento de vínculos familiares. En este punto, el discurso oficial intenta ligar presupuesto con resultados, una relación que en el sistema de protección suele tener zonas grises si no hay coordinación, seguimiento y criterios compartidos.
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La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, vinculó esos cambios con un paquete más amplio de decisiones y dejó una definición con matices, sin prometer soluciones totales. “Estamos muy contentos por los avances concretos. Sabemos que aún falta mucho, pero iniciamos un proceso real de fortalecimiento que incluye aumento de presupuesto, capacitación integral de los equipos, creación del fondo institucional y trabajo articulado con UNICEF”, sostuvo. En la misma línea, sumó que se implementa el Registro Único Nominal y se incorpora tecnología para mejorar intervención y seguimiento de cada caso.
Desde el municipio, el intendente Iván Fernández puso el acento en lo cotidiano y en el peso político de sostener equipos estables. “Este trabajo articulado con la Provincia nos permite darle mayor estabilidad al equipo de Niñez y fortalecer una política pública fundamental”, expresó. También señaló que la protección de derechos requiere compromiso permanente y remarcó un objetivo que, en la práctica, se mide por tiempos de respuesta: “Hoy estamos dando pasos firmes para garantizar respuestas más rápidas y efectivas a nuestras familias”.
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En su descripción, Fernández agregó un dato de infraestructura que también incide en la intervención, aunque muchas veces quede en segundo plano. “Hoy contamos con equipos estables, un nuevo espacio con las comodidades necesarias y estamos muy contentos”, afirmó, planteando que no se trata solo de personas sino también de condiciones de trabajo. En sistemas sensibles, la falta de espacios adecuados suele impactar en entrevistas, abordajes y resguardo de información.
Mientras Lago Puelo revisa su esquema de respuesta, en Esquel se movió otra pieza que apunta a un problema frecuente: la fragmentación institucional. Allí se avanzó en la creación de la Mesa Local de Niñez, un ámbito de articulación que reúne al Servicio de Protección de Derechos, el Poder Judicial, el Ejecutivo municipal y provincial, y directores de dispositivos de cuidado. La intención es que los actores que toman decisiones o ejecutan medidas no trabajen en paralelo, sino con coordinación real.
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Según lo informado, ese espacio empezó a consolidarse como herramienta para optimizar recursos y garantizar intervenciones más eficientes, con la meta de que el sistema de protección funcione de manera integrada. El desafío, en estos casos, suele ser que la mesa no quede solo como instancia formal, sino como un lugar donde se compartan criterios y se sostengan rutas de acción claras. Por ahora, el anuncio marca una dirección: ordenar la respuesta cuando el problema no permite improvisación.
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