Con la nueva ley, la fiscalía busca mover una causa frenada por décadas y ampliar la lista de imputados iraníes. Basso apuntó a Hezbollah e insistió en llegar “cuanto antes”.
Treinta años después del atentado a la AMIA, la fiscalía que conduce Sebastián Basso intenta empujar la causa hacia una instancia que en Argentina no existía hasta hace poco: el juicio en ausencia. El objetivo, según su planteo público, pasa por romper la inercia de un expediente atravesado por imputados fuera del país y sin posibilidad de sentarlos en el banquillo. En ese marco, el fiscal resumió el clima social que rodea la investigación al afirmar que “el pueblo argentino espera una verdad judicial”.
La herramienta que le abre ese camino es la ley de “juicio en ausencia”, sancionada por el Congreso el año pasado, y que cambia el mapa procesal de la causa. Basso lo explicó sin rodeos cuando señaló: “Lamentablemente, en la Argentina no teníamos una ley que permitiera juzgar a personas que no estaban presentes y el caso no podía avanzar”. Con ese punto de partida, la fiscalía prepara el terreno para iniciar el proceso sin los acusados iraníes en territorio argentino.
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El giro también llega con una decisión concreta: sumar un nombre a los que irán a juicio. Basso confirmó que pidió incorporar a Alí Asghar Hejazi, a quien ubicó dentro de la estructura de poder del régimen de Teherán. La investigación sostiene que Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh, organismo al que se le atribuye la recopilación de información, el análisis del objetivo y la elaboración del plan para destruir la sede de la AMIA en Buenos Aires.
En el centro de esa reconstrucción aparece otro actor ya conocido en el expediente, Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina y uno de los principales acusados por el atentado. Basso le asignó un papel determinante en el armado previo y lo describió con una frase que condensa la mirada del Ministerio Público: “Rabbani tenía funciones de inteligencia y espionaje y recopilaba toda la información de lo que sucedía acá y la mandaba a Irán, dando cuenta de que en la Argentina hay una importante comunidad judía que lo transforma en lo que ellos llaman la segunda Israel”. Para la fiscalía, esa tarea de relevamiento se conecta con la decisión final de atacar un objetivo emblemático.
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El fiscal, además, ubicó el rol de Hejazi en una escena puntual: un viaje a Buenos Aires en marzo de 1993, con el fin de revisar los planes que, según la investigación, ya circulaban. La mención no apunta a una anécdota, sino a sostener la idea de una planificación con capas y responsabilidades. En ese esquema, la acusación busca mostrar que no se trató de una acción aislada, sino de un engranaje que combinó inteligencia, selección de blanco y ejecución.
En paralelo a la discusión judicial, Basso trazó definiciones políticas que vuelven a poner el foco en el tablero regional. Vinculó a Hezbollah con el atentado y lo describió como dependencia de Irán al sostener que “es un títere de Irán”. También dejó otra frase con lectura geopolítica, al asegurar que la caída del régimen iraní “es buena para todo el mundo”, en un tramo de su exposición que excede el expediente pero se cruza con la interpretación del ataque.
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En lo estrictamente procesal, el movimiento central de la fiscalía pasa por imprimir velocidad al inicio del debate. Basso lo expresó con una definición directa sobre su estrategia: “Estoy pidiendo avanzar cuanto antes con el juicio en ausencia”. El planteo muestra una búsqueda de tiempos concretos, en una causa donde el paso de los años se volvió un dato tan determinante como los nombres propios.
La fiscalía sostiene que Rabbani ocupa un lugar estructural en la acusación, no solo por su rol diplomático sino por la función de enlace que le atribuye la investigación. Basso lo formuló en términos de engranaje y decisión, al señalar que “la fiscalía considera que Rabani es una pieza esencial para que Irán decidiera un ataque bélico como el atentado a un edificio emblemático de la comunidad judía”. La frase marca el tipo de hipótesis que se pretende sostener ante un tribunal, con responsabilidad estatal y una organización ejecutora asociada.
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Con el juicio en ausencia como horizonte, la causa entra en una etapa donde el expediente ya no depende exclusivamente de capturas imposibles o de extradiciones que no llegan. La discusión ahora se corre hacia cómo se organiza el debate, qué pruebas se presentan y cómo se encuadran las responsabilidades en un proceso sin los acusados presentes. En esa transición, la fiscalía busca dejar atrás el punto muerto y, como anticipó Basso, acercarse a esa demanda que sintetizó ante la opinión pública: “el pueblo argentino espera una verdad judicial”.
Fuente: NA.
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