Falsificaban radiografías para dar pensiones truchas a cambio de votos en Salta

La Justicia Federal desarticuló una organización que montó laboratorios propios y utilizaba diagnósticos repetidos para someter electoralmente a familias vulnerables.

Los intermediarios de una red ilegal exigían un respaldo electoral explícito a familias numerosas de la zona como condición obligatoria para otorgarles un beneficio previsional fijo. Esta operatoria delictiva se concentraba de manera sistemática en los sectores de mayor fragilidad económica mediante el despliegue territorial de los denominados punteros políticos. El sistema de captación transformaba una supuesta asistencia del Estado en una herramienta de sumisión cívica directamente vinculada a las urnas.

Los cabecillas de la maniobra utilizaban carpetas médicas con resultado positivo de Chagas y placas de tórax duplicadas para simular discapacidades severas inexistentes. Las fuerzas federales incautaron en los últimos operativos una gran cantidad de radiografías de columna vertebral que poseían rótulos en blanco y espacios preparados para completar los nombres de los falsos beneficiarios. La banda delictiva llegó a estructurar laboratorios propios dedicados exclusivamente a fraguar análisis clínicos y a reutilizar estudios originales en trámites de personas distintas.

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El andamiaje sanitario de la organización requería la participación necesaria de médicos, bioquímicos y enfermeros que operaban coordinadamente con diversos cuadros políticos de la provincia. Muchos expedientes previsionales bajo sospecha contenían certificados con patologías que se repetían de manera inverosímil, principalmente desviaciones graves de columna. Las auditorías judiciales comprobaron incluso que diversos funcionarios públicos firmaban los certificados de discapacidad obligatorios sin poseer ningún tipo de título médico habilitante.

La hipótesis que maneja la fiscalía penal señala a un exfuncionario municipal de una localidad del departamento de Anta como el principal impulsor y normalizador de este esquema fraudulento en el territorio. Las sospechas iniciales se tradujeron en una denuncia preliminar radicada en noviembre de 2024, dando origen a una exhaustiva recolección de indicios de desvío de fondos. La magnitud de la estructura ilegal obligó a que en junio de 2025 se conformara un equipo especial integrado por representantes de tres fiscalías descentralizadas para unificar el avance del caso.

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Los investigadores de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería Nacional asumieron la responsabilidad de ejecutar las tareas de campo operativas. Este escuadrón especializado se abocó a realizar un pormenorizado entrecruzamiento de datos informáticos sobre los beneficiarios registrados en el sistema previsional de la provincia. Las inconsistencias detectadas en los cruces de planillas aportaron los fundamentos técnicos indispensables para que los magistrados intervinientes ordenaran las primeras medidas restrictivas de la libertad.

El Juzgado Federal de Garantías N° 1 dispuso una primera serie de allanamientos simultáneos en septiembre de 2025 que golpeó las estructuras de clínicas privadas y hospitales públicos de la región. Aquellas irrupciones policiales en los centros de salud permitieron el secuestro de abundante evidencia documental que terminó de comprometer el funcionamiento de la mesa de auditoría médica local. Los elementos probatorios recolectados en esa fase primaria habilitaron la imputación de los sospechosos por los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La segunda etapa del despliegue represivo de la causa se ejecutó durante la tarde de este martes con registros domiciliarios en tres puntos geográficos bien delimitados de la provincia norteña. Las patrullas de las fuerzas de seguridad federales concretaron nueve allanamientos directos en propiedades vinculadas a la causa ubicadas en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Estas medidas intrusivas fueron dictadas de forma específica por las autoridades a cargo del Juzgado Federal de Garantías N° 2 para profundizar el desglose de los soportes informáticos de la organización.

La investigación penal coordinada de forma integral por la Unidad Fiscal Federal de Salta busca delimitar con precisión el perjuicio económico total infligido contra las arcas de la administración pública nacional. Cada expediente abierto por invalidez será sometido a una revisión clínica individual para determinar la nulidad absoluta de los desembolsos monetarios ya ejecutados de manera irregular. La fiscalía buscará demostrar en las próximas audiencias cómo los cabecillas utilizaron la extrema necesidad social de los pobladores como un mecanismo directo de control político y disciplinamiento territorial.

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Las autoridades judiciales evalúan actualmente la ampliación de las imputaciones formales hacia otras ocho personas que aparecen salpicadas por los últimos documentos secuestrados en el departamento de Anta. El nuevo listado de sospechosos bajo análisis incluye a tres médicos matriculados y a nuevos funcionarios de la estructura política provincial que operaban en las distintas intendencias de la zona. El devenir de la causa federal mantendrá en vilo a los despachos oficiales mientras se resuelva el verdadero alcance de la complicidad institucional en el desvío de los fondos estatales.