La situación judicial del exintendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, tomó un giro favorable en el tramo final del juicio por el programa de viviendas Techo Digno. Durante los alegatos de clausura realizados en Viedma, la Fiscalía desistió de la acusación que pesaba sobre él y otros dos exfuncionarios, al concluir que no existieron elementos suficientes para sostener que hubieran participado de una maniobra destinada a perjudicar al municipio.
La definición llegó después de más de siete jornadas de debate oral y público en las que se analizaron dos hechos distintos vinculados a convenios firmados para la construcción de viviendas e infraestructura. Mientras el Ministerio Público mantuvo la acusación contra el exintendente Renzo Tamburrini y dos exfuncionarios de su gestión por presuntas irregularidades en certificaciones de obra, resolvió retirar los cargos contra Iribarren, Claudia Alvariño y Miguel Ángel Mesa.
Según expuso la Fiscalía, la prueba producida durante el juicio permitió concluir que las obras de infraestructura y movimientos de suelo cuestionadas en el segundo convenio efectivamente habían sido ejecutadas. Esa circunstancia modificó el escenario planteado al inicio del proceso y descartó la hipótesis de una actuación coordinada para provocar un perjuicio económico a la administración municipal.
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Uno de los aspectos valorados por los fiscales fue la conducta adoptada por la gestión que encabezó Iribarren al asumir el gobierno municipal. Durante el alegato se sostuvo que esa administración detectó inconsistencias en la documentación vinculada a las obras, ordenó revisar los expedientes, rescindió el contrato con la empresa involucrada y promovió la correspondiente denuncia penal.
Esa secuencia resultó determinante para el cambio de postura del Ministerio Público. Los fiscales entendieron que esas decisiones eran incompatibles con la existencia de una maniobra concertada entre los funcionarios de la nueva gestión y los responsables de las contrataciones investigadas.
La propia acusación destacó además que el convenio relacionado con las obras de infraestructura permanecía vigente cuando Iribarren asumió la intendencia. A partir de las pruebas incorporadas al debate, concluyó que los trabajos certificados estaban realizados y que no existían elementos para atribuir responsabilidades penales a quienes quedaron al frente del municipio en esa etapa.
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Los abogados defensores hicieron hincapié en esos mismos argumentos. Sostuvieron que el único aspecto cuestionado respecto de sus asistidos era el referido a los movimientos de suelo y remarcaron que durante el juicio quedó acreditado que esas tareas habían sido ejecutadas. También recordaron que fue la propia administración municipal la que impulsó inspecciones, desplazó al contratista y denunció los hechos ante la Justicia.
Mientras tanto, la acusación principal continúa enfocada en el primer convenio para la construcción de 40 viviendas. En ese tramo del expediente, la Fiscalía sostiene que existió una sobrecertificación de avances de obra que permitió liberar pagos por trabajos que no estaban ejecutados, generando un perjuicio económico estimado en casi 800 millones de pesos actualizados a marzo de 2025.
Durante el debate incluso se mencionó una declaración realizada por el propio Iribarren, quien señaló que cuando asumió la conducción del municipio las viviendas eran “cáscaras”, expresión que fue utilizada por la Fiscalía para reforzar la existencia de diferencias entre el avance certificado y el estado real de las construcciones.
Con los alegatos concluidos, la atención ahora está puesta en el veredicto previsto para el próximo 10 de junio. Aunque la decisión final corresponde al tribunal, el retiro de la acusación por parte de la Fiscalía dejó a Iribarren en una posición sustancialmente distinta a la del inicio del juicio y lo acerca a una resolución absolutoria en esta causa.
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