Una causa por estafa derivó en una denuncia explosiva contra un juez y un exfiscal

Una familia de carniceros aseguró que les pidieron miles de dólares para evitar detenciones en San Martín. La acusación ya abrió otra investigación judicial.

El expediente que tenía que definir si correspondían detenciones por una presunta estafa terminó abriendo un frente mucho más incómodo dentro de la propia Justicia. En San Martín, una familia vinculada a una cadena de carnicerías denunció que, en medio de esa causa, aparecieron presiones, reuniones fuera de sede judicial y un supuesto pedido de dinero para frenar órdenes de captura. El señalamiento alcanzó a un juez de Garantías en funciones y a un exfiscal jubilado, una combinación que le dio a la denuncia un voltaje institucional difícil de disimular.

Lo que hoy investiga otra fiscalía no es solo una posible maniobra de corrupción, sino también el modo en que ese presunto arreglo habría circulado. Según el relato de los denunciantes, la propuesta no apareció dentro de una audiencia ni de un trámite formal, sino en conversaciones paralelas, llamados y encuentros reservados. En ese entramado, uno de los nombres apuntados es el del juez Mariano Grammatico Mazzari, actual titular del Juzgado de Garantías N° 3 de San Martín, y el otro el de Miguel Ángel Gragnoli, exfiscal del mismo departamento judicial, ya retirado de la función pública.

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La familia que hizo la presentación quedó bajo investigación por una supuesta quiebra fraudulenta y por maniobras ligadas a una empresa dueña de carnicerías en Bella Vista, Muñiz y San Miguel. Antes de eso, ya arrastraba un conflicto con un acreedor que reclamaba una deuda por la venta de hacienda y que, según los comerciantes, los amenazaba con enviarlos a prisión. En esa secuencia apareció una frase que, de acuerdo con la denuncia, marcó el tono de la presión: “Preparate porque se viene lo peor; ya te dijo mi viejo, y él es el único que puede salvarte”.

El miedo no era abstracto porque la familia ya había atravesado una experiencia concreta con detenciones. El 26 de diciembre pasado, efectivos de la Policía de Santa Fe allanaron una de las sucursales y detuvieron a dos de los hermanos por una causa vinculada con la presunta emisión de cheques sin fondos. Esos dos integrantes de la sociedad quedaron arrestados en Rafaela hasta que el fiscal santafesino entendió que no existían riesgos procesales, en un contexto donde además ya regía un concurso preventivo que dejaba en manos del síndico la autorización de pagos.

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Pero el conflicto siguió creciendo y se trasladó a otro plano. El acreedor presentó una nueva denuncia contra cuatro de los dueños de la cadena por una supuesta estafa cometida en el marco de esa quiebra fraudulenta, y el fiscal de San Martín que analizó el caso entendió que había elementos para pedir sus detenciones. Esos planteos llegaron al juzgado de Garantías N° 3, y allí comenzó la parte más delicada de la historia, porque el rechazo de una eximición de prisión terminó cruzándose con una serie de contactos que hoy quedaron bajo sospecha.

El 13 de febrero, un abogado identificado por sus iniciales G.S. pidió la eximición de prisión para uno de los acusados. Seis días después, el juzgado rechazó ese planteo, aunque todavía no ordenó la detención del comerciante. Ese mismo día, según la denuncia, el padre de los imputados recibió un mensaje en el que le decían: “Me dijeron esto: tu abogado ya pidió hablar. El juez lo recibe. Que vaya, que lo va a recibir”, y a partir de ahí se desencadenó una secuencia que los denunciantes consideran incompatible con cualquier trámite judicial regular.

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De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el abogado se reunió con el juez y uno de los comerciantes intentó entrar, pero le indicaron que esperara afuera. Después de ese encuentro, siempre según la denuncia, el letrado transmitió que el magistrado le habría pedido apagar el celular antes de empezar a hablar y que incluso mencionó datos sobre una cuenta bancaria con $687 millones, además de deslizar que conocía la capacidad económica de la familia. También sostuvo que el juez le habría solicitado escribir su número de teléfono en un papel, una escena que después tomó otra dimensión cuando, al día siguiente, el abogado recibió un llamado que identificó como perteneciente a “un exfiscal Gagnoli”.

El paso siguiente, según los comerciantes, ya no tuvo forma de insinuación sino de cifra concreta. Uno de ellos declaró que el abogado les hizo una videollamada, visiblemente alterado, y les contó que se había reunido con el exfiscal en un restaurante frente a la plaza Arenales, en Villa Devoto, donde también le habrían pedido apagar el celular. Allí, siempre según la denuncia, surgió la suma que hoy concentra la gravedad del caso: “había un precio para que no se ordenaran las detenciones. Ese precio era de US$40.000 por cada uno, un total de US$120.000 por tres libertades, con posibilidad de una libertad más por otros US$ 40.000, y me dijo que yo tenía que caer sí o sí”. La misma presentación añade otra frase reveladora sobre la presión del momento: “Lo que el abogado G.S. no nos dijo fue si este pedido era para el juez, para este exfiscal o para quién, pero sí le dijo a mi padre que tenía tiempo hasta el lunes para juntar el dinero”.

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Con ese cuadro, y todavía atravesados por el temor de volver a quedar presos, los comerciantes resolvieron denunciar. La investigación quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos de San Martín, Verónica Pérez, que tomó testimonios, escuchó a otros testigos y ordenó medidas para preservar evidencia antes de que trascendiera públicamente el caso. Como uno de los acusados es un exfiscal que trabajó en ese mismo departamento judicial, la fiscalía pidió que la instrucción siga en otro distrito, una señal del nivel de sensibilidad interna que adquirió el expediente.

Mientras tanto, la situación del juez también se movió dentro de la causa original. En las últimas horas se conoció una resolución de una sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín que anuló el rechazo de Grammatico Mazzari al pedido de eximición de prisión y ordenó que la cuestión la revise otro magistrado. A la vez, el propio juez se excusó de seguir interviniendo en el sumario por la quiebra fraudulenta, un paso que no define responsabilidades, pero sí modifica el tablero donde se originó el conflicto.

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Grammatico Mazzari rechazó de manera tajante la acusación y habló de una maniobra armada para desplazarlo. Consultado por LA NACION, sostuvo: “Estoy al tanto de la denuncia, es una mentira absoluta y miserable. Es común en estos temas sensibles que los denunciantes poderosos que no consiguen beneficios procesales arremetan contra los funcionarios que le son adversos, con denuncias armadas”. En la misma línea agregó: “No voy a permitir que ensucien mi nombre y mi reputación con una burda y grosera operación para correrme de la causa, que está basada en hechos falsos con el único objetivo de obtener un resultado que no obtuvieron por la vía legal”, una defensa que deja planteado el otro eje del caso: si detrás de la denuncia hay una maniobra extorsiva real o una contraofensiva de acusados que buscan cambiar el rumbo de un expediente que los compromete.

Fuente: LA NACION.