“Cada vez hay más adolescentes que desde su celular apuestan todo lo que tienen”

Las apuestas online ya no aparecen como un problema aislado: avanzan sobre adolescentes, se mezclan con videojuegos y exponen la falta de control adulto.

La escena ya no se limita a un chico mirando la pantalla durante horas ni a una discusión familiar por el uso del celular. Detrás de ese hábito cotidiano, especialistas en infancia empiezan a ver otra cosa: adolescentes que usan el teléfono como puerta de entrada a circuitos de apuestas, endeudamiento y búsqueda desesperada de plata rápida. El fenómeno no aparece como una rareza marginal, sino como parte de un ecosistema digital que los empuja, los seduce y muchas veces los deja solos.

Esa advertencia la plantea Facundo Hernández, abogado, exdefensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación e impulsor del colectivo Protección Digital, que acaba de presentar junto con IADEPP y Proyección Consultora un informe sobre riesgos en entornos digitales. Su mirada corre el foco de la anécdota para ubicar el problema en una escala mayor. “Cada vez hay más adolescentes que desde su celular apuestan todo lo que tienen”, resume, como síntesis de una dinámica que ya no se puede leer solo como exceso de entretenimiento.

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Lo inquietante, según plantea, es que las apuestas no actúan solas ni llegan por un único canal. Hernández advierte que muchos videojuegos incorporan mecanismos de compra con dinero real, como las conocidas skins, y que en algunos casos esos consumos terminan conectando a los chicos con circuitos donde venden objetos virtuales para seguir apostando. En ese pasaje entre juego, gasto y dinero fácil, el límite se vuelve cada vez más difuso y el riesgo crece sin necesidad de salir de la habitación.

En ese punto aparecen historias concretas que rompen cualquier intento de minimizar el problema. Hernández recordó el caso de un adolescente que empezó jugando con la mensualidad que le daban sus padres, luego dejó de comer en el colegio para seguir apostando y terminó en una situación extrema. El relato no deja margen para una lectura liviana: “Empezó apostando con la mensualidad que le daban los padres, después dejó de comer en el colegio para seguir jugando. Terminó con un intento de suicidio”.

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La dimensión del fenómeno también aparece en investigaciones judiciales. Hernández mencionó una causa en Santa Fe por juego ilegal en la que se detectaron 385 sitios de apuestas administrados por una misma sociedad anónima, con un millón de transacciones en apenas tres meses. Según esa investigación, el 23% de los usuarios eran menores de edad, una cifra que equivale a unos 35.000 chicos y chicas que apostaron dentro de esa red, un dato que permite salir del caso individual y ver una estructura mucho más extendida.

A esa expansión se suma un mensaje social profundamente contradictorio. Mientras el mundo adulto insiste en decirles a los adolescentes que no deben apostar, la publicidad del juego aparece de manera permanente en el deporte, en redes y en plataformas que forman parte de su rutina. Hernández lo plantea sin vueltas: “Hay un mensaje contradictorio del mundo adulto. Por un lado les decimos a los chicos que no pueden apostar, pero al mismo tiempo la publicidad del juego está en todos lados”, y esa contradicción, lejos de frenar el acceso, muchas veces lo desplaza hacia sitios ilegales donde ya no existen filtros ni controles reales.

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El problema, además, no se agota en las apuestas. En los encuentros con adolescentes, el exdefensor recogió otros relatos que muestran hasta qué punto la exposición digital incluye violencia, engaño y acoso. Una chica contó: “Me ven activa y hay señores que me empiezan a mandar fotos pervertidas. Yo los bloqueo”, mientras que un joven de González Catán relató que una supuesta chica lo citó por redes en una plaza y allí terminó asaltado por otros adolescentes. Son escenas distintas, pero tienen algo en común: desmontan la idea de que los riesgos online son abstractos o lejanos.

Esa realidad convive con otra capa menos visible, aunque igual de decisiva, que es la explotación comercial de los datos personales de chicos y adolescentes. Hernández advierte que las plataformas construyen perfiles a partir de la información que recolectan y con eso empujan consumos cada vez más precisos, incluso sobre edades en las que muchas prácticas ni siquiera deberían aparecer. El especialista menciona, por ejemplo, el crecimiento del uso de productos de skin care en nenes y nenas de 8 o 9 años, impulsado por una lógica de segmentación comercial que convierte a las infancias en consumidores antes que en sujetos a proteger.

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En paralelo, el informe de Protección Digital marca que siete de cada diez adultos aseguran hablar con chicos sobre lo que hacen en internet, pero ese acompañamiento declarado no alcanza para modificar el nivel de exposición. El 62,5% de niños y adolescentes pasa más de tres horas diarias frente a dispositivos y el 27% supera las cinco horas, cifras que ayudan a entender por qué el problema no se resuelve solo con consejos domésticos. Allí también aparece una brecha fuerte entre sectores sociales: no tanto en los riesgos, que son bastante parecidos, sino en el conocimiento adulto para usar controles parentales o configurar herramientas de seguridad.

Por eso Hernández insiste en que el centro de la discusión no puede quedar fijado únicamente en la conducta de las familias. “El problema no son los chicos en las redes. El problema es que las redes nunca fueron diseñadas para ellos”, sostiene, y a partir de esa idea reclama una regulación específica para los entornos digitales infantiles en la Argentina. En su planteo, el Estado debe intervenir y las empresas deben asumir responsabilidades sobre diseños pensados para capturar atención, vender y retener usuarios, no para proteger derechos. “Lo que necesitamos es una legislación que establezca reglas claras: responsabilidad de las empresas, controles del Estado y mecanismos efectivos para proteger a niñas, niños y adolescentes”, afirma, en una discusión que ya dejó de ser tecnológica para volverse social, sanitaria y educativa.

Fuente: LA NACION.