Un jurado popular juzgará en abril un caso de presunta servidumbre contra un jubilado
Policiales13/03/2026
REDACCIÓNLa Justicia de Chubut fijó para el 21 de abril el juicio por jurados contra una mujer y su hijo acusados de someter a un hombre de 74 años en Paso de Indios.
La Justicia provincial fijó fecha para el juicio por jurados en una causa que investiga un grave caso de presunta reducción a la servidumbre contra un hombre de 74 años en la localidad de Paso de Indios. El proceso se realizará el 21 de abril, cuando un tribunal popular deberá analizar las pruebas presentadas por las partes y determinar la responsabilidad de los acusados.
El caso involucra a Marta Beatriz Caucamán y a su hijo Juan José Ovejero, quienes enfrentan cargos por haber sometido a Adolfo Yancamil a condiciones de explotación y violencia. La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, con la fiscal general Mariana Millapi y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer al frente de la causa.
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La elevación a juicio se concretó tras el proceso de investigación y la correspondiente audiencia preliminar. La decisión fue confirmada por el juez Gustavo Castro, quien resolvió que el debate se realice bajo el sistema de juicio por jurados, previsto en la Ley XV Nº 30 de la provincia del Chubut.
Según la acusación fiscal, los hechos comenzaron el 26 de diciembre de 2022. En esa fecha, la mujer habría convencido a la víctima para viajar a Esquel con el argumento de realizar una consulta médica por problemas de salud. Durante ese traslado, el hombre gestionó un préstamo bancario por 150 mil pesos, dinero que habría sido apropiado por la imputada.
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De acuerdo con la investigación, ese dinero fue utilizado para gastos personales y para comprar pasajes de regreso a Paso de Indios. En el viaje también participó Juan Ovejero, hijo de la acusada. Una vez de regreso en la localidad, la mujer habría persuadido al hombre de vender su vivienda a un tercero, operación que se concretó bajo su supervisión.
Luego de esa venta, la víctima fue trasladada a una casa ocupada por los imputados. Según la Fiscalía, a partir de ese momento comenzó una situación de sometimiento físico, psicológico y económico que se prolongó durante varios meses.
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El hombre habría sido obligado a realizar trabajos físicos forzosos, además de sufrir amenazas, golpes y encierros. También se lo vigilaba cuando salía a realizar mandados y se le imponían castigos físicos. Entre ellos, permanecer arrodillado durante horas sobre piedras si no obedecía órdenes.
La acusación sostiene además que los imputados controlaban el cobro de la jubilación de la víctima. En esas ocasiones lo acompañaban hasta la plaza del pueblo para retirar el dinero y luego se lo quitaban bajo amenazas de agresión.
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La investigación también incorporó un episodio relacionado con la venta de un vehículo. Meses antes, José Ovejero le habría vendido al hombre un Renault Mégane modelo 1997, aunque la víctima nunca tomó posesión del auto. Posteriormente, en julio de 2023, la mujer firmó un boleto de compraventa para vender ese mismo vehículo a otra persona.
El sometimiento terminó el 30 de agosto de 2023, cuando un agente advirtió el estado físico del hombre mientras realizaba un mandado en el pueblo. La intervención policial permitió trasladarlo al hospital local, donde se constató un cuadro de deshidratación, múltiples contusiones y un peso corporal de apenas 40 kilos, por lo que quedó internado para su recuperación.
La causa se tramita bajo la figura penal de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves, delitos contemplados en los artículos 140, 89 y 45 del Código Penal. Según la acusación, en caso de una condena la Fiscalía solicitará penas de hasta nueve años de prisión para la autora y siete años para el partícipe.
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