El sector pesquero argentino sigue de cerca un cambio regulatorio en Brasil que podría influir en el comercio de pescado congelado entre ambos países. Aunque por ahora no se registran rechazos en frontera, empresarios y técnicos advierten que las nuevas exigencias sanitarias del principal socio regional podrían convertirse en una barrera para los envíos.
El tema empezó a inquietar a empresas exportadoras y cámaras pesqueras luego de que el gobierno brasileño confirmara un reglamento técnico que fija nuevos parámetros de calidad para pescado congelado y productos conservados en salmuera. Durante el proceso previo de consulta pública, Argentina presentó objeciones respaldadas por organismos científicos y por el propio sector privado, pero ninguna de las observaciones fue aceptada.
Entre los puntos que generaron mayor debate aparece el criterio de pH como indicador de calidad del pescado. El reglamento establece que “el pH de la porción muscular deberá ser como máximo de 7 (siete), excepto para las especies de las familias Gadidae y Merluccidae, cuyo valor deberá ser como máximo de 7,2 (siete y veinte décimos)”.
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Desde Argentina se propuso eliminar ese parámetro y reemplazarlo por otro indicador considerado más confiable por especialistas. La alternativa sugerida fue utilizar el Nitrógeno Básico Volátil, una referencia ampliamente utilizada a nivel internacional para medir el estado del pescado. Sin embargo, la autoridad sanitaria brasileña decidió mantener el esquema original.
La elaboración de las observaciones argentinas incluyó un trabajo conjunto entre organismos científicos, autoridades sanitarias y representantes de la industria. Participaron SENASA, INIDEP, CONICET, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, junto con cámaras empresarias y compañías pesqueras que operan en el comercio exterior.
El sector también cuestionó otro punto del reglamento vinculado al contenido de sodio permitido en el pescado congelado. La normativa brasileña establece un máximo de 188 miligramos de sodio cada 100 gramos de tejido muscular, un límite que desde Argentina se pidió revisar durante el proceso de consulta. Esa solicitud tampoco prosperó.
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Otra de las discusiones más sensibles gira en torno al control de parásitos en los productos pesqueros. El artículo correspondiente señala que “los productos a que se refiere esta Ordenanza no deben presentar infección muscular por parásitos de aspecto repugnante, lesiones infecciosas, ectoparásitos o contener impurezas”.
El mismo texto agrega un criterio de evaluación que también generó reparos. Según la normativa, “se considera unidad defectuosa en un lote, aquel pez que presenta, por kilogramo de muestra, dos o más parásitos encapsulados, con un diámetro mayor a 3 milímetros; o la presencia de un parásito no encapsulado, con un diámetro mayor a 10 milímetros, observado con o sin ayuda de iluminación”.
Argentina pidió eliminar ese párrafo por considerar que no contemplaba algunos aspectos sanitarios relevantes y que podía generar interpretaciones restrictivas. La respuesta oficial brasileña indicó que el sistema adoptado sigue estándares internacionales. “El criterio de evaluación y el plan de muestreo adoptados por Brasil para la verificación del control de parásitos realizado por empresas extranjeras se basan en la norma Codex Stan 190-1995”, señala la explicación incluida en el proceso.
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Pese a las objeciones técnicas, el documento definitivo quedó vigente con los parámetros originales. Durante 2023 y parte del año pasado se realizaron gestiones diplomáticas y consultas con el agregado agrícola argentino en Brasil, además de contactos impulsados por la cámara empresaria Avipesca, que reúne a importadores de pescado en ese país.
Hasta el momento no se observan cambios concretos en el flujo comercial. Las fuentes del sector indican que los envíos desde Argentina no registraron un aumento de rechazos en frontera desde la entrada en vigencia del reglamento. De todos modos, el tema sigue bajo observación.
Frente a la falta de avances técnicos, algunas voces dentro de la industria pesquera consideran que el conflicto podría escalar al plano político. En ese contexto, empresarios mencionan la posibilidad de que intervenga el actual secretario del gobierno argentino, Daniel Scioli, quien ocupó la embajada en Brasil durante el gobierno anterior y participó en negociaciones comerciales entre ambos países.
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