Cerraron un proyecto pesquero en SAO y crece la tensión por salarios impagos

El conflicto en torno a la pesquera Río Salado sumó un giro que impacta de lleno en San Antonio Oeste. La decisión de dar de baja el proyecto formaliza un escenario que ya venía deteriorándose desde hace meses. En paralelo, la situación de los trabajadores sigue sin resolución y se profundiza la incertidumbre.

La confirmación llegó desde la Subsecretaría de Pesca y Producción Acuícola de Río Negro, que resolvió la caducidad de la iniciativa presentada por la empresa. La medida responde a una serie de incumplimientos detectados durante el proceso administrativo. Entre ellos, sobresalen problemas vinculados a obligaciones laborales.

El subsecretario Gustavo Gualtieri explicó que la firma dejó pendientes compromisos clave con sus empleados. Entre las irregularidades figuran el impago de quincenas y la falta de liquidaciones finales tras el cierre de la planta. Esos incumplimientos fueron determinantes para avanzar con la baja del proyecto.

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La situación no se limita al plano administrativo. El cierre de la actividad dejó a al menos 64 trabajadores sin empleo, lo que generó un fuerte impacto social en la localidad. Detrás de ese número hay familias que quedaron sin ingresos y sin respuestas concretas.

Desde el gremio STIA apuntaron directamente contra la conducción de la empresa. “Era una empresa con convocatoria de acreedores, que operaba en nuestra jurisdicción y dejó de hacerlo echando a todos los trabajadores sin causa alguna. Se fueron y abandonaron la ciudad dejando a la gente sin cobrar lo que le correspondía”, señalaron. La acusación refleja el nivel de conflicto entre las partes.

El problema también tiene una dimensión económica significativa. Según trascendió, la deuda vinculada a salarios e indemnizaciones supera los 576 millones de pesos. Ese monto se encuentra judicializado y forma parte del trasfondo del conflicto que atraviesa la firma.

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Mientras tanto, la provincia avanza con medidas para intentar cubrir parte de esas obligaciones. El área de Pesca inició gestiones para ejecutar las garantías presentadas por la empresa, que incluyen un seguro de caución respaldado por terrenos. La intención es recuperar recursos frente al cese de actividades.

En el plano local, el municipio también tomó intervención ante el impacto social. Funcionarios y concejales mantuvieron reuniones con los exempleados para conocer la situación. La secretaria de Gobierno, Jessica Ressler, expresó la postura oficial: “Desde este gobierno municipal tenemos una posición clara: vamos a estar siempre del lado de los trabajadores”.

A pesar del escenario actual, no se descarta una eventual reactivación de la planta en el futuro. Sin embargo, cualquier intento dependerá del cumplimiento de condiciones estrictas en materia legal, administrativa y sanitaria. La habilitación municipal y los requisitos del SENASA aparecen como puntos clave.

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Desde el municipio fueron claros al respecto y advirtieron que la planta no puede volver a operar en estas condiciones. “El Municipio no puede habilitar ni permitir la puesta en funcionamiento de dicha planta hasta tanto se encuentren plenamente garantizadas las condiciones de legalidad y legitimidad”, indicaron. La definición marca un límite concreto.

El conflicto deja al descubierto no solo una crisis empresarial, sino también las dificultades para sostener la actividad productiva sin afectar a los trabajadores. En San Antonio Oeste, la preocupación se mantiene mientras el futuro de la planta sigue abierto y sin definiciones inmediatas.