Nieto Di Biase aseguró que seguirá autorizando la salida de presos al psicólogo

La fuga de un detenido de alta peligrosidad en Trelew abrió una disputa que va más allá del hecho puntual y pone en discusión el funcionamiento del sistema penitenciario. En ese escenario, el juez que autorizó el traslado defendió su decisión y expuso una problemática que, según afirmó, no tiene una solución inmediata.

El magistrado Marcelo Nieto Di Biase sostuvo que las salidas de internos para recibir atención fuera de los centros de detención seguirán ocurriendo mientras no exista cobertura suficiente dentro del sistema. “Lo ideal sería que haya cantidad de atención psicológica para todos los internos dentro de los centros de detención, pero mientras eso no ocurra, obviamente que van a seguir saliendo a otros lugares para obtener el servicio, pagándolo”, afirmó.

El planteo apunta directamente a una falencia estructural: la imposibilidad de garantizar asistencia psicológica para todos los detenidos dentro de las unidades penitenciarias. Según el juez, la demanda supera ampliamente la capacidad disponible. “Hay una crisis absoluta en cuanto a tratamientos psicológicos. Hay una demanda altísima y no se da abasto”, explicó.

OTRAS NOTICIAS

A un mes del cierre de Fate, crece la presión por neumáticos importados y miran a Brasil con preocupación

Esa situación es la que, en muchos casos, habilita pedidos de traslado para consultas externas. En el caso del detenido que se fugó, la solicitud fue realizada por la defensa y autorizada bajo ese criterio. La consulta se llevó adelante en un consultorio de Trelew, donde el interno logró escapar por una ventana mientras era atendido.

Frente a las críticas del Ejecutivo, el magistrado marcó una diferencia en las responsabilidades. “Nosotros disponemos que vaya con la custodia suficiente. Es el personal policial el que sabe cómo tiene que ser esa custodia, no nosotros”, señaló, al referirse a las condiciones en las que se realizan estos traslados.

También dejó en claro que este tipo de situaciones no son excepcionales dentro del funcionamiento del sistema judicial. “No va a ser ni la primera, la segunda ni la última vez que una persona es trasladada”, sostuvo, relativizando la singularidad del caso en medio de la polémica.

OTRAS NOTICIAS

Una fuga a plena luz del día y una sospecha que incomoda al sistema judicial

El juez explicó además que, cuando los internos solicitan atención con profesionales particulares, deben hacerse cargo del costo del servicio. “Sabiendo de antemano que le van a exigir un tratamiento psicológico al momento de pedir las salidas, buscan tener ese requisito cumplido”, indicó.

La discusión también incluyó la posibilidad de reemplazar estos traslados por atención virtual. Si bien reconoció que podría ser una alternativa, advirtió que solo sería viable con una cobertura total. “Si lo implementan bien y es suficiente, yo no voy a autorizar a nadie más. Siempre que se cubra el 100%”, planteó.

En paralelo, desde el Gobierno provincial cuestionaron el mecanismo y señalaron que se realizaron inversiones para evitar este tipo de situaciones, como el uso de videoconferencias. Sin embargo, el caso volvió a evidenciar que esos sistemas no siempre se aplican o no alcanzan a cubrir la demanda.

El cruce entre el Ejecutivo y el Poder Judicial deja al descubierto un problema más amplio: la tensión entre garantizar derechos dentro del sistema penitenciario y evitar riesgos para la seguridad. En ese equilibrio, decisiones como la autorización de traslados quedan bajo una mirada cada vez más exigente.